El PRD planteó la creación de una Fiscalía Anticorrupción para blindar a las instituciones financieras de dinero de procedencia ilícita, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones de lavado de dinero por un monto de 109 mil 254 millones de pesos durante el sexenio de Felipe Calderón.

 

De acuerdo con el oficio 110005/2013 emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tras una solicitud de información realizada por la revista Contralínea, durante el sexenio pasado se detectaron cuatro mil 184 “operaciones inusuales” y 62 mil 902 “operaciones relevantes”, siendo 2011 el año con mayor monto de recursos provenientes del crimen organizado con 70 mil 481 millones de pesos.

 

En 2012, un estudio de la organización Global Financial Integrity ubicó a México como la segunda potencia en blanqueo de dinero ilícito, ya que entre 1970 y 2010 se lavaron 862 mil millones de dólares de procedencia ilícita, cifra equivalente a 21 mil 550 millones de dólares anuales.

 

En este sentido, Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del PRD en el Senado, consideró que el volumen de dinero lavado en México no puede existir al margen de la corrupción imperante en las instancias de mayor poder del Estado y al interior de las instituciones financieras, razón por la cual resulta urgente constituir un organismo en el marco de la Ley Anticorrupción dedicado a combatir la inyección de dinero ilícito al sistema bancario.

 

“La estructura financiera actual es permisiva a la incorporación masiva de recursos de origen ilícito a los circuitos financieros y bursátiles, a la creación de subestructuras de complicidad y corrupción y ello debe corregirse. Es responsabilidad de la institución financiera, de sus altos directivos y propietarios, cuidar el  cumplimiento de las normas internacionales emitidas. Lo mismo en el caso de las empresas productivas y de servicios no financieros que incorporan capital ilícito en sus inversiones y flujos operativos, deben ser plenamente responsables del acto efectuado”, apuntó Padierna.

 

La legisladora perredista insistió en la homologación federal del marco jurídico penal en materia de lavado de dinero, así como en reforzar la Ley de Extinción de Dominio, suprimiendo la opción del amparo cuando un juez haya dado su fallo, pues consideró que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita promulgada por Calderón en octubre pasado no es suficiente para detener el problema.

 

Esto, debido a que las comisiones que pagan las organizaciones delictivas para lavar dinero, estimadas entre 20% y 30% por cada millón de dólares, se han convertido en un estímulo para que algunos empleados de instituciones financieras actúen ilegalmente, además de que las multas establecidas a bancos responsables de tener un sistema laxo en la detección de blanqueo de dinero atiendan debidamente este asunto.

 

“Los factores de lavado de dinero no pueden ser soslayados ni sustituidos solamente por normas restrictivas, como las que recientemente se aprobaron en la Ley contra el Lavado de Dinero en México en las llamadas industrias vulnerables porque no atacan el problema de penalizar a las instituciones financieras, no con cauciones administrativas, sino con responsabilidades penales. Ello le daría un giro mayúsculo al combate al blanqueo de dinero. Lo mismo en otras instituciones financieras como casas de Bolsa, bancos de inversiones, etcétera”, dijo.

 

Sin embargo, Padierna indicó que el lavado de dinero es un problema no sólo de México, sino de todo el sistema financiero global, ya que tal como se discutió durante el Foro de Presidentes de Parlamentos del Grupo de los 20, celebrado en México en días recientes, la falta de regulación internacional se han convertido en un atractivo para las redes del crimen organizado que operan en todo el planeta.

 

“La desregulación financiera ha sido plenamente aprovechada por las organizaciones criminales, que han creado subestructuras de complicidad y asociación delictiva, de corrupción al interior de grandes bancos del mundo, ahí están los casos conocidos de Wachovia Bank o Bank of New York, los cuales participan en la economía criminal porque cuando se les sorprende blanqueando capitales criminales la autoridad estatal actúa bajo una perspectiva de que son fallas en los sistemas regulatorios del país en que actúan los bancos o lo un problema operativo de los mecanismos internos de control bancario y entonces lo que proceden son multas ejemplares, que a veces ni ello alcanzan a ser”, finalizó.

 

En 2012, el banco de origen británico HSBC fue multado con 1.9 mil millones de dólares luego de que un informe del Senado de Estados Unidos reportó que en 2007 y 2008, HSBC México envió aproximadamente siete mil millones de dólares en efectivo proveniente de los cárteles de droga mexicanos a territorio estadunidense.

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso a HSBC México un total  de mil 855 multas en el ámbito  administrativo por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero, sumando un monto total de 368 millones 921 mil pesos.

 

En enero pasado, un informe de la Cámara de Diputados titulado “Lavado de dinero: Estudio teórico conceptual, derecho comparado, tratados internacionales y de la nueva ley en la materia en México”, señala que en 2012 el monto involucrado en el lavado de dinero en México alcanzó los 10 mil millones de dólares, cifra que representa 3.6% del Producto Interno Bruto del país.

 

El intento calderonista

 

En octubre pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa promulgó una ley para combatir el lavado de dinero, llamada Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

 

Como su nombre lo indica, esta norma pretendía conocer, bien a bien, la cantidad de recursos que era objeto de blanqueo, habida cuenta que desde su administración se había admitido la dificultad de conocer estos montos.

 

La firma del documento se realizó a 45 días de que concluyera esa administración.

 

Desde el inicio de la guerra antinarco, diferentes organismos de derechos humanos y aun protagonistas de experiencias internacionales como la italiana, le recomendaron que para abatir al crimen organizado debía atacar las estructuras financieras y las redes de complicidad política.