Los empresarios venezolanos y extranjeros ya se preparan para enfrentar una promulgación de la ley contra los monopolios por parte de las autoridades venezolanas, aseguró José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
“Los inversionistas se están preparando para enfrentar una nueva ley, discutida desde 2006 y la última vez que se habló de ella fue en junio de 2012”, manifestó a 24 HORAS.
En entrevista telefónica desde Caracas, el investigador dijo que no podía revelar el nombre de los corporativos, pero expropiarán y sancionarán las firmas de alimentos, seguros, bancos, automóviles, petróleo y cualquier otra.
La semana pasada este medio informó que las propiedades de Gruma, Cemex, Coca Cola Femsa, Bimbo, así como otras grandes empresas extranjeras están bajo el riesgo de ser nacionalizadas en Venezuela.
Ángel Alayón, profesor e investigador del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), afirmó que existe una gran preocupación del sector privado por la ley promovida por Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013, y el oficialismo, pues sencillamente “seguirán saliendo empresas del país”.
“El proyecto de ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza, aprobado el 19 de marzo de 2013 por la Asamblea Bolivariana de Venezuela, no sólo afectará a esas empresas mexicanas, sino las grandes, medianas y pequeñas firmas venezolanas y transnacionales”, explicó Alayón.
También empresarios mexicanos están muy preocupados por la aprobación de la ley antimonopolios en la Asamblea Bolivariana de Venezuela, ya que expropiarán a cualquier compañía extranjera, y prohibirán y castigarán a los monopolios. Una de las empresas que mayor preocupación ha mostrado es Polar en Venezuela, que incluso ya tiene abogados trabajando en la defensa de sus negocios, a partir del análisis del alcance de esta nueva ley.
“El Ejecutivo nacional, a través de órganos competentes, podrá iniciar el procedimiento de expropiación de los bienes pertenecientes a los agentes económicos que incurran en cualesquiera de las prácticas prohibidas en la presente ley, sin que medie para ello declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional”, advierte la ley contra los monopolios.
La regulación es una herencia de Hugo Chávez Frías, quien ordenó personalmente en enero de 2006 a una comisión se discutiera y aprobara, pero por razones políticas y sociales se ha ido atrasando y cobra mayor relevancia con su muerte, declaró el abogado.
“De acuerdo con la Constitución de Venezuela, las política de defensa de la competencia no pueden usarse para expropiar o confiscar empresas ni para criminalizar al sector privado”, señaló.
José Ignacio agregó que la nueva ley antimonopolios amenaza y pone riesgo a compañías nacionales e internacionales, porque serán expropiadas, multadas y obligadas a la venta de activos o su cierre temporal o definitivo, y les decomisarán la mercancía.
Criticó que hay una clara discriminación contra la iniciativa privada, porque la institución bancaria más importante de este país el Banco de Venezuela, no puede ser expropiado.
Sin embargo, perseguirán a las tres firmas que dominan la industria cosmética, o las dos productoras de leche que tienen en sus manos 70% del mercado, a las compañías de jugos, cervezas, agua, vinos, carne, pollo y cines, afirmó el catedrático.
“Por la existencia de dos empresas de cine en Venezuela serán consideradas como un oligopolio y expropiadas bajo los preceptos establecidos en la ley contra los monopolios”, expuso.
Según el profesor de la UCV, la venta de activos de Globovisión es una decisión provocada por una serie de políticas hostiles en su contra, y no por una promulgación de la ley contra los monopolios.
Se considera que la competencia es incompatible con el gobierno socialista, lo cual no es cierto, pues países con ese modelo económico como Brasil y China la impulsan y proyectan día con día.
“Las elecciones a celebrarse el domingo 14 de abril de 2013 frenarán cualquier aprobación, pero no pasará más allá de un mes y medio para ser promulgada”, expuso José Ignacio.
La Asamblea Nacional de Venezuela sesiona una vez por semana, y seguramente en las próximas reuniones no se hablará del tema y será como ya lo anunciaron las autoridades, hasta una consulta pública programa para el 11 de mayo, mencionó.
En los últimos 14 años, con Hugo Chávez al frente del poder, emprendió políticas públicas hostiles contra las empresas privadas, aun cuando en otras naciones de América Latina se les da beneficios, recordó el abogado.
Venezuela es la nación con más demandas por parte de corporativos extranjero por la nacionalización en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, un organismo dependiente del Banco Mundial (BM).
“A nivel de tribunal internacional es el gobierno con más demandas. Más de 20 tienen este 2013 y en tribunales venezolanos se pueden contar por cientos las disputas por la toma ilegal de propiedad y nacionalización”, precisó el profesor.
En los últimos ocho meses se redujo el número de expropiaciones por la enfermedad de Hugo Chávez Frías y por las elecciones, destacó.
“El mismo gobierno no tiene conciencia de cuál será la contingencia patrimonial por las expropiaciones y ocupaciones con la nueva ley contra los monopolios”, puntualizó Hernández.
La República Bolivariana de Venezuela no tiene un tratado internacional con México, el cual le permitirá a empresas con ese origen verse afectadas por una eventual nacionalización.
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