La reforma hacendaria debe combatir la informalidad, pues más de la mitad de la fuerza de trabajo del país está en ese sector, planteó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

 

Por ejemplo, expuso Videgaray Caso, el programa de pensiones para adultos mayores de 65 años y más exige como condición para ser beneficiario el no haber cotizado ni tener una pensión del IMSS o del ISSSTE y comprobarlo por escrito.

 

“Hemos llegado al extremo de que para ser beneficiario de un programa social tenemos un certificado de informalidad, esto lo tenemos que cambiar”, aseveró el encargado de las finanzas públicas del país.

 

Consideró que los programas sociales tienen que cambiar su orientación para convertirse en inductores de la formalidad en materia de vivienda, de salud pública, como es el caso del Seguro Popular y por supuesto, de los programas propiamente de combate a la pobreza.

 

Al participar en la octava Cumbre Financiera Mexicana Latin Finance, aseguró que México necesita una reforma hacendaria para fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano, para que éste pueda cumplir sus obligaciones y tener una estructura más simple que permita combatir la informalidad.

 

“En la informalidad no se invierte en tecnología, en capital humano, ni hay capacitación, por lo tanto la productividad promedio en el sector informal es un tercio de la productividad cuando se le compara con el sector formal”, manifestó Videgaray.

 

Otra de las reformas urgentes para la economía mexicana, especialmente por la fortaleza del sistema bancario, es la del sistema financiero, adelantó.

 

Los cambios del sector serán presentados ante el Congreso de la Unión antes que de que concluya el periodo de sesión ordinaria, dijo Videgaray.

 

El compromiso número 62 del Pacto por México establece que se debe reactivar la banca de desarrollo, ya que es más conservadora que la comercial, expuso.

 

“Para un crédito agropecuario, a veces la Financiera Rural pide el doble o el triple de garantías y presta a una tasa 50% más alta. Lo mismo ocurre con la infraestructura y con las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

 

“No se trata, ni buscaremos que la banca de desarrollo compita o quite mercado a la banca comercial. Al contrario, si se llama banca de desarrollo es para desarrollar los mercados financieros y para lograr la inclusión financiera”, comentó el titular de la SHCP.

 

Recordó que la capitalización global de la banca mexicana, es decir, capital neto como proporción de los activos sujeto a riesgo, es de 16.2%, cuando la exigencia de Basilea III es 10.5%.

 

“Eso nos coloca como uno de los países con un sistema bancario mejor capitalizado en el mundo. Y sin duda es una ventaja competitiva de la economía mexicana”, indicó.

 

Alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas generan 74% del empleo y solamente reciben 15% del crédito bancario.

 

Cuando en América Latina el crédito es cercano a 50%, Brasil está por arriba de 50%, Chile está muy cerca de 100%, y en economías integradas a la OCDE están por arriba de 150%.

 

El compromiso 63 del Pacto dice: se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo de los servicios financieros.

 

“Esto es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en el contexto del Pacto por México, en una reforma que habrá de presentarse al Congreso de la Unión probablemente en los próximos días para lograr eso”, agregó.

 

En este contexto, México colocó ayer martes deuda soberana por mil 600 millones de euros en los mercados internacionales, lo cual demuestra el interés y las perspectivas positivas de la economía mexicana.

 

“La colocación confirma que existe en el mercado financiero internacional un claro apetito por los activos financieros y en general por el riesgo de México”, señaló el titular de la SHCP.

 

Recordó que la última vez que el gobierno acudió al mercado de euros fue en el verano de 2010.