México “negoció con terroristas” en caso Leonhardy

 

Durante el secuestro del diplomático estadunidense Terrance Leonhardy (ocurrido el 4 de abril de 1973), el gobierno de México rechazó el consejo de los Estados Unidos respecto de no negociar con terroristas y accedió a las demandas de los secuestradores, según muestran cables diplomáticos recientemente dados a conocer por WikiLeaks. Entre las demandas de los criminales al gobierno del presidente Luis Echeverría se encontraba la liberación de 30 presos considerados como peligrosos por parte del gobierno y posteriormente la entrega de un millón de pesos. La satisfacción de estas demandas no dejó de ser criticada por el Departamento de Estado (Secretaría de Gobernación, en Estados Unidos).

 

El informe proporcionado por el gobierno de México a los representantes del Departamento de Estado asienta que los “camaradas prisioneros políticos” que las denominadas Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) exigían liberar eran un grupo formado por “asesinos, secuestradores, ladrones de bancos y comunistas”. Según el reporte, el entonces secretario de Gobernación mexicano, Mario Moya Palencia, encontró “interesante” que en la lista se omitieran otros prisioneros detenidos por actos de terrorismo.

 

Tras el secuestro del cónsul general Leonhardy en la ciudad de Guadalajara, el secretario de Relaciones Exteriores -en aquellos tiempos- Emilio Rabasa, dialogó con los encargados estadunidenses del caso, quienes repasaron con él la política de los Estados Unidos respecto de no negociar con terroristas. El funcionario contestó que estaba completamente enterado de dichas políticas e informó que no era el momento apropiado de discutir “teorías y consideraciones filosóficas” cuando la vida de un hombre pendía de un hilo.

 

El secretario Rabasa preguntó directamente al encargado estadunidense (identificado en los cables como “Dean”) si estaba sugiriendo “no cumplir con las demandas de los secuestradores”, a lo que Dean respondió que consultaría la respuesta con Washington.

 

“No, no estamos sugiriendo que el gobierno de México rechace acceder a las demandas de los secuestradores, pues reconocemos que la decisión es enteramente soberana del gobierno de México, así como manejar la situación en este caso especifico”, fue la respuesta que llegó del Departamento de Estado.

 

En un análisis enviado al Departamento de Estado sobre la actitud del gobierno de México se manejaron términos muy duros: “La acción del secuestro nuevamente perturbó la percepción pública de que no todo está tranquilo en la seguridad interna. La rápida y completa capitulación del gobierno de México ante las demandas de las FRAP fomenta pensamientos similares en el futuro, un factor evidente y preocupante para el gobierno de México. […] Por último, la credibilidad del gobierno de México al negar que estos grupos tengan motivaciones políticas ha sido puesta en duda. Cualquiera que sea el resultado, el gobierno de México se ha debilitado en su posición pública”.

 

El 6 de mayo de 1973, un cable diplomático hacia Estados Unidos informó de la salida de los 30 presos mexicanos (escoltados por igual número de soldados) hacia Cuba a bordo de una aeronave DC-6 de la Fuerza Aérea Mexicana.

 

Pero el asunto no terminó ahí. Tras excarcelar a los presos, los secuestradores exigieron un millón de pesos para liberar al cónsul, a lo cual los estadunidenses procuraron tan sólo que el rescate no pasara en ningún momento por las manos del personal del consulado o la esposa del cónsul secuestrado.

 

“Discusión sobre el fracaso del gobierno mexicano para obtener garantías sobre la liberación del cónsul general Leonhardy tras el vuelo a Cuba, este es un punto a revisar con los mexicanos después de que el caso sea resuelto”, se informa en un cable tras la petición monetaria de las FRAP. El cónsul fue liberado el 7 de abril de 1973, tras cumplirse las demandas de los secuestradores.  

 

EU temió plan de Echeverría para asesinar a López Portillo

 

Un posible plan de Luis Echeverría para asesinar a su sucesor en la Presidencia, José López Portillo, alertó a Estados Unidos en el año 1976.

 

Entre las filtraciones que reveló WikiLeaks se encuentra un documento clasificado como “secreto”, en el que se afirma que Estados Unidos analizaba un posible escenario de atentado tras registrar recurrentes rumores sobre una conspiración del ex presidente Echeverría para conservar el poder tras el proceso electoral de 1976, en el que Portillo resultó triunfador.

 

De acuerdo con el informe, Estados Unidos tuvo presente en todo momento que se trataba únicamente de suposiciones, aunque el asunto cobró seriedad ante la persistencia de los rumores y llevó a los analistas de la embajada a “considerar lo impensable”.

 

Destaca que las sospechas fueron “suficientemente persistentes”, al repetirse con relativa seriedad entre el sector privado, la comunidad académica e incluso llegando a oídos del propio embajador de Estados Unidos en México.

 

El entonces embajador de EU aseguró haber recibido información de parte de un empresario, quien le comentó la existencia de un plan del presidente Echeverría para culpar a la Agencia Central de Inteligencia de EU (CIA, por sus siglas en inglés) de la muerte del mandatario electo.

 

Tras un análisis, la embajada estableció que la fecha idónea probable para el asesinato tendría lugar después del 1 de septiembre de 1976, fecha en que López Portillo tomaría posesión en el Congreso ante legisladores afines a Echeverría.

 

“El momento más lógico para un accidente sería después del 1 de septiembre”, señaló la embajada.

 

De esta forma, los congresistas nombrarían algún funcionario cercano al presidente saliente como Hugo Cervantes del Río, Augusto Gómez Villanueva o Porfirio Muñoz Ledo, quienes podrían permitir al Echeverría conservar gran parte de sus atribuciones en el país.

 

La embajada estadunidense aseguraba que Echeverría contaba con el respaldo de las fuerzas militares y que el hipotético crimen se resolvería a través de un “chivo expiatorio”.