Dos de los casos más polémicos de las administraciones panistas por la actuación de las autoridades -la detención de Florence Cassez y la tragedia en la mina Pasta de Conchos- están oficialmente reactivados.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que se investigan ministerialmente ambos incidentes; el de Cassez con una nueva averiguación y el de Pasta de Conchos con la reapertura del expediente, para revisar y, en su caso, sancionar las posibles actuaciones indebidas de servidores públicos.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, destacó que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos, independientemente del tiempo que haya transcurrido en cada caso.
En el asunto de Cassez, quien el pasado 25 de enero obtuvo su libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó un amparo por las violaciones al debido proceso, confirmó que ya se inició una nueva averiguación.
Dicha indagatoria tiene como base el informe y denuncia que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de marzo pasado y la que se pide investigar a por lo menos 21 ex servidores públicos de la PGR, entre mandos y agentes de la AFI y ministerios públicos, por el montaje de la detención de Cassez.
“Se ha iniciado la averiguación previa, la CNDH plantea varios delitos, pero principalmente la obstrucción de la justicia. En la indagatoria se estarán señalando las presuntas responsabilidades que correspondan”, indicó el funcionario.
El subprocurador recordó que el ombudsman nacional tiene facultades, asentadas en el artículo 102 constitucional, para realizar investigaciones formales por presuntas violaciones a las garantías individuales, por lo que su informe presentado es la columna vertebral de la averiguación que ahora integra la PGR, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
“Además, como formulante de la denuncia de hechos, (la CNDH) tiene la función de coadyuvancia, de tal manera que muchas de las actuaciones y de las diligencias practicadas por ellos, están siendo sustanciadas y complementadas por las diligencias del Ministerio Público”, explicó.
De acuerdo con el informe de la Comisión, los ex mandos de la AFI de mayor jerarquía, que presuntamente actuaron de forma irregular en el caso, son el ex titular de esa corporación, Genaro García Luna, y el ex director General de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino.
El subprocurador sostuvo que será el fiscal encargado del caso quien determine si cita a declarar a García Luna, además del resto de los involucrados.
García Cervantes hizo énfasis en que también se revisará la actuación de agentes del Ministerio Público y auxiliares de la SEIDO y de otras áreas, que participaron en la investigación y que, según la CNDH, también fueron negligentes.
Cuestionado sobre sí los delitos ya prescribieron, el funcionario indicó que también es algo que considerará la fiscalía y, llegado el momento de la consignación del expediente, quedará bajo la valoración del juez.
Los mineros olvidados
El subprocurador de la PGR también confirmó que se reactivó la averiguación previa por el caso de la explosión del 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, la cual dejó 65 mineros muertos. Los cuerpos de 63 de ellos continúan sepultados en el sitio del siniestro.
“Se trajo el expediente del archivo a uso ordinario y estamos claramente en presencia de deficientes principalmente periciales y también de la participación de las diferentes áreas del Estado mexicano responsable de dar acceso a la verdad y derecho a la justicia”, sostuvo.
A pregunta expresa de sí la reapertura del expediente arrojará sanciones a funcionarios que en su momento no completaron la investigación ni llevaron a cabo el rescate de los cuerpos, García Cervantes indicó que si así resulta de la integración de la averiguación, entonces se procederá.
La recomendación 64/2008 de la CNDH por este caso, que en su momento fue rechazada por la PGR, identificó actuaciones negligentes de servidores públicos de la Subprocuraduría de Control Regional, quienes no realizaron los peritajes completos para establecer si era factible el rescate de los cadáveres.
Con la reapertura del expediente, la PGR también pondrá en marcha nuevos estudios periciales con la finalidad de analizar las condiciones de la mina y, en su caso, determinar si es posible intervenir la y rescatar los cadáveres de las víctimas, como han exigido sus familiares.
Arraigo en caso Monreal será breve
De acuerdo con autoridades de la PGR, el arraigo al que fueron sometidas cuatro personas por su presunta participación en el atentado en contra de los legisladores Ricardo y David Monreal, será menor a 40 días.
Hasta ayer seguían sin precisarse, oficialmente, los delitos de los que se les responsabiliza ni sus identidades.
Extraoficialmente se sabe que las personas arraigadas son el empresario de Zacatecas, Arturo Guardado, presunto responsable intelectual de la planeación del atentado, su chofer Jesús Guerrero, y dos autores sicarios.
Se espera que este miércoles se amplíen oficialmente los detalles respecto a la medida cautelar dictada a los implicados y el avance de las investigaciones. La principal línea de la indagatoria apunta a una venganza de tipo personal.
En una entrevista concedida ayer a un noticiero en televisión, el diputado Ricardo Monreal reconoció que había cierta separación entre las familias Monreal y Guardado, pero señaló que estos últimos no son personas violentas. Incluso dijo que está dispuesto a otorgar el perdón a quien resulte responsable.
Cuestionado por 24 HORAS sobre el porqué no se dio mayor información respecto a los arraigos del caso Monreal, el subprocurador de la PGR, Ricardo García Cervantes, dijo que en su momento se transparentara la información y reiteró que este recurso será utilizado cuando sea necesario.
“Quiero insistir, es una práctica absolutamente distinta al pasado inmediato, no se arraiga y ni se consume los 40 días del arraigo y se solicitan ampliaciones por otros 40 días (…) es un tiempo adicional que además otorga un juez, y es cuestión de días u horas solamente”, indicó.
Señaló que el arraigo es una figura controvertida desde el punto de vista de los Derechos Humanos que gradualmente irá desapareciendo, pero indicó que tampoco puede hacerse por “decreto”. Actualmente, dijo, “es lo que hay” constitucionalmente.