LISBOA. El Gobierno portugués prohibió cualquier nuevo gasto en las administraciones y servicios del sector público e impuso una autorización especial del Ministerio de Finanzas para pagos imprevistos.

 

La medida, la más radical aplicada hasta ahora por el Ejecutivo conservador luso con el gasto de los ministerios y dependencias del Estado, es la primera que adopta tras anunciar el domingo pasado nuevos recortes sociales para cubrir mil 300 millones de euros en ahorros que ha declarado ilegales el Tribunal Constitucional.

 

Un despacho del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, emitido ayer señala que la restricción se mantendrá hasta “nueva orden” del Ejecutivo.

 

De la congelación sólo se salvan tres tipos de gastos de importe variable: los pagos habituales de personal, los generados por los contratos en ejecución, como los pagos de servicios básicos de agua o luz, y las costas judiciales.

 

Medidas similares, aunque menos radicales, adoptadas anteriormente por el Gobierno luso para no sobrepasar los márgenes de déficit fiscal, generaron situaciones muy criticadas en servicios públicos que debían afrontar gastos imprevistos o superiores a los presupuestados.

 

Hubo hospitales que se quejaron de no poder renovar equipos y medicamentos, comisarías en las que faltaba el papel, trámites administrativos parados por falta de tinta en las impresoras o películas extranjeras que no podían ser subtituladas y se proyectaban en la filmoteca nacional en lenguas que nadie entendía.

 

La autorización de gastos no presupuestados en este ejercicio será además “excepcional”, según el Ministerio de Finanzas, y en principio sólo para partidas que se notifiquen en un plazo tan perentorio que finaliza hoy mismo.

 

El despacho de Finanzas atribuye la medida a la necesidad de corregir los presupuestos por la sentencia, que el pasado viernes consideró inconstitucionales la supresión de una paga extra a los pensionistas y funcionarios, así como recortes del 5 y 6% en los subsidios de desempleo y enfermedad.

 

El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, reaccionó el domingo a la sentencia con el anuncio de recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas, así como en los gastos de las administraciones.

 

Los técnicos de la troika, compuesta por el FMI, la Comisión y el Banco Central europeos, que concedieron y vigilan la ejecución del rescate, harán un examen extraordinario del cumplimiento de sus compromisos en las próximas semanas, según fuentes oficiales.

 

De ella depende que el país reciba otro tramo de la ayuda internacional – dos mil millones de euros- que de momento está bloqueado.