La revista Proceso expresó su incredulidad frente a las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia contra Jorge Antonio Silva Hernández, como presunto responsable del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario en ese estado, ocurrido en su domicilio el 27 de abril de 2012.
En un comunicado el cuerpo directivo y periodistas de Proceso consideraron que con el fallo judicial emitido por la jueza Beatriz Rivera Hernández, que condenó a 38 años de prisión a Silva Hernández, “avaló la impunidad y el engaño del gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.
Criticó que la fiscalía veracruzana marginó de la indagatoria a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de que la jueza no reconoció la coadyuvancia y desechó las actuaciones promovidas por el semanario para la revisión de la investigación de la fiscalía federal.
Proceso indicó que en la indagatoria veracruzana abundan “las inconsistencias”, como que “las huellas encontradas en el lugar del crimen no corresponden con las del hoy condenado, un analfabeta seropositivo que desde su primera declaración ante la jueza ha alegado haber sido torturado por agentes de la procuraduría para inculparse”.
Ese hecho no fue tomado en cuenta ni por la jueza ni por la responsable de la investigación de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, Consuelo Lagunas Jiménez, criticó.
“Los verdaderos culpables siguen sin conocerse y la procuraduría no logra dar con el otro supuesto asesino material, José Adrián Hernández Domínguez, un narcomenudista que se encuentra prófugo a pesar de que la propia PGJ lo detuvo tres meses después del homicidio de nuestra compañera”, refirió Proceso.