LISBOA. La congelación del gasto público en Portugal y los anuncios de nuevos recortes en servicios sociales y empresas del Estado generaron reacciones de alarma entre los gremios de médicos, docentes y funcionarios lusos.

 

El rector de la Universidad de Lisboa, António Sampaio, acusó al Ejecutivo de generar “el caos” en el sector educativo al “bloquear hasta el más simple de los gastos”.

 

También el presidente del Colegio de Médicos, José Manuel Silva, advirtió de las peligrosas consecuencias que tendrá “imponer todavía más límites” en la Sanidad.

 

“Esperemos que el Ministerio opte por renegociar con la UE y el FMI (Fondo Monetario Internacional) y no por dejar morir a los pacientes”, afirmó Silva en declaraciones a los medios lusos.

 

“Está en peligro el funcionamiento habitual de todos los servicios de la administración, y entre ellos, el educativo. Todo lo que son gastos del día a día están paralizados”, declaró a Efe el secretario general de la Federación Nacional de Educación, el profesor Joao Dias da Silva.

 

La falta de material básico como la tinta de impresora y fotocopiadoras, las tizas o el papel higiénico, fueron algunos de los ejemplos utilizados por Dias da Silva para explicar qué puede implicar la congelación de gastos en las dependencias estatales, que en su opinión fue adoptada antier con “precipitación”.

 

Esas críticas, procedentes de diversos sectores de la administración y los servicios públicos, abundaron en los medios lusos ante los problemas cotidianos que las restricciones de gastos pueden suponer a corto plazo.

 

“Anteriormente este Gobierno ya restringió el gasto durante dos meses a finales de 2011, pero avisó y se pudo hacer acopio de material para dejar en el almacén y estar preparados”, señaló Dias da Silva, preocupado por el funcionamiento de laboratorios o comedores y hasta la emisión de diplomas.

 

El Ministerio de Finanzas hizo pública la primera decisión para compensar el desajuste presupuestario causado por la sentencia del Constitucional al congelar los pagos de las administraciones y entidades públicas y prohibir cualquier gasto nuevo o que exceda las partidas presupuestadas sin su expresa autorización.

 

Además de esa medida, el Gobierno del primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, pidió a todos los ministerios que revisen urgentemente dónde recortar gastos y prepara una corrección a los presupuestos de 2013, por unos mil 300 millones de euros, ante la inminencia de una evaluación extraordinaria de la UE y el FMI al programa luso de ajustes.

 

Los dos organismos, que concedieron a Portugal 78 mil millones de euros en mayo de 2011, temen que el país tenga dificultades para cumplir sus metas de reducción del déficit con la sentencia que invalidó la suspensión de una paga extra a pensionistas y funcionarios y recortes de los subsidios de enfermedad y desempleo.