Estudiantes de más de veinte universidades de Estados Unidos emprendieron una acción judicial conjunta contra sus facultades.
Alegan que sus centros conocían que esas cifras no eran reales, pero las mantuvieron para atraer a más estudiantes. De haber conocido la realidad, muchos aspirantes no se habrían matriculado, aseguran.
“Las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor de los estados en los que operan, ofreciendo datos engañosas sobre los porcentajes de estudiantes que encontraron trabajo tras graduarse”, asegura uno de los abogados de la firma Strauss y Anziska que lleva el caso.
Y es que estas, atraen a sus clientes barajando datos muy atractivos de empleabilidad, con cifras de hasta por encima del noventa por ciento en cuanto al número de graduados que han conseguido integrarse en el mercado de trabajo. Promesa que contrasta con la realidad.
Tras meses de infructuosa búsqueda de trabajo en su campo de especialidad, los recién licenciados, se ven obligados a tener que aceptar el primer empleo que encuentran en restaurantes, tiendas o lo que sale al paso. Lo que más les preocupa es pagar los préstamos con los que pagaron sus estudios.
En California, donde las leyes de consumo son más estrictas que en otros estados, se han admitido las cinco demandas presentadas contra las universidades de San Francisco’s Golden Gate University, Southwestern, San Diego’s Thomas Jefferson, University of San Francisco y California Western School of Law. Estudiar en cada una de estas universidades cuesta una media de 40 mil dólares al año.
Si prosperan las demandas se podría crear un precedente, no solo para California, sino para el resto de los estados de la unión americana.
Un estudio llevado a cabo en el 2011 entre los estudiantes de derecho arrojó el resultado de que sólo el 55 por ciento de los graduados encontraron trabajo en el campo de las leyes nueve meses después de graduarse. Y en el 2004 había 50 mil empleos más que en el 2010. (Con información de El País)
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