DAKAR. El presidente de Senegal, Macky Sall, desechó de forma contundente la legalización de la homosexualidad y descartó una despenalización de esa práctica, con lo que cerró un creciente debate público en el país africano durante los últimos días.
“Sall ha querido reaccionar al debate público sobre la despenalización de la homosexualidad en Senegal y, a ese respecto, ha subrayado con firmeza que el Estado nunca se ha planteado esta opción, y que la excluye totalmente”, indicó un comunicado del Gobierno publicado hoy en la prensa local.
“El presidente ha reiterado su anclaje en los valores culturales básicos, que no contemplan la opción de despenalizar la homosexualidad”, añadió el texto.
El debate sobre la despenalización surgió tras la publicación, en la prensa local durante el pasado mes de marzo, de una noticia relatando una supuesta reunión de varias ONGs en un hotel de Dakar cuyo objetivo era pedir la despenalización de la homosexualidad.
Varias organizaciones religiosas denunciaron el proyecto de despenalización y advirtieron de que, “cueste lo que cueste”, se movilizarán para obstaculizar lo que consideran contrario a los valores religiosos, morales y culturales de Senegal.
Estas organizaciones recordaron que la mayoría de los senegaleses son seguidores del islam y del cristianismo, ambas religiones que condenan las prácticas homosexuales.
La organización islámica “Djamra” exigió a Sall que aclarara su postura sobre el tema, amenazando con convocar manifestaciones de protestas si el Gobierno somete a la aprobación de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley en este sentido.
Por su parte, varios diputados dejaron claro que nunca examinarán un proyecto de Ley sobre la despenalización de la homosexualidad incluso si esa es la voluntad del Gobierno.
En declaraciones a la prensa local, el presidente de “Djamra”, Massamba Diop, elogió hoy la actitud de Sall, que considera conforme a la postura de los senegaleses.
El Código Penal senegalés sanciona las prácticas homosexuales con unas penas de uno a cinco años de prisión y una multa en moneda local equivalente a entre 200 y 3.000 dólares.