El presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Mota, consideró que sería trágico que el Senado perdiera la oportunidad de materializar el proyecto constitucional en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que es una muy buena noticia para la productividad de la economía mexicana y para los consumidores del país.
Competencia
Pérez Mota señaló en un comunicado que el proyecto de reforma blinda la autonomía de la autoridad de competencia y los nombramientos de sus comisionados.
Además establece una revisión judicial por jueces y tribunales, y aprovecha 20 años de precedentes judiciales y procedimiento judicial probado: el ampro directo, agregó el presidente de la CFC.
Asimismo otorga a la facultad de asegurar condiciones de acceso a insumos esenciales a la Comisión Federal de Competencia Económica, con el objetivo de resolver problemas estructurales de competencia.
Radiodifusión y telecomunicaciones
Al respecto, Pérez Mota, considera que el proyecto agrupa los planteamientos de regulación procompetitiva que ha hecho la FCC desde 2005; y establece un ente con fortaleza institucional e instrumentos necesarios para regular un sector de tanta complejidad.
Sin embargo, dos aspectos del proyecto que deben ser mejorados para garantizar su eficacia: el trasferir al Ifetel facultades de la ley de competencia y la reciprocidad para la inversión extranjera directa en radiodifusión, según Pérez Mota.
Para el presidente de la comisión el primer punto sería contraproducente, ya que la prevención de concentraciones y la sanción a prácticas monopólicas son tareas que requieren una especilizacipon técnica escasa; además podría implicar exentar a estos mercado de la aplicación eficaz de la Ley de Competencia por varios años.
Todos los países de la ICDE, excepto Grecia y Turquís, prevén que la autoridad de competencia tenga jurisdicción en telecomunicaciones.
El riesgo de “poner todos los huevos en una sola canasta”, es que se hace más atractivo para los regulados intentar capturar al único regulador; el segundo riesgo es que se obliga al Ifetel a desarrollar el expertise de competencia, que la a la CFC le ha costado 20 años.
No obstante, el funcionario considera que, tomando en cuenta la complejidad de forjar acuerdos entre fuerzas políticas, el proyecto que está a discusión es destacable por su profundidad y su vocación pro-mercados y pro-competencia. (Con información de Grupo Fórmula)