La organización internacional Artículo 19 lamentó la forma en la que fue conducido el proceso penal para esclarecer el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, ocurrido el 28 de abril de 2012.
En un comunicado, Darío Ramírez, director ejecutivo en México y Centroamérica del organismo, dudó de la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas, que derivaron en la sentencia a 38 años de cárcel para el presunto cómplice en el crimen de la reportera.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejó el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por las coadyuvantes de la investigación”, dijo.
Artículo 19 manifestó que con el fallo judicial emitido la semana pasada, se desechó el posible vínculo del asesinato de la reportera veracruzana con su trabajo periodístico.
Cuestionó que si bien la revista Proceso aportó los trabajos de Martínez Pérez realizados en el periodo de 2011 a 2012, mismos que fueron incluidos en el expediente del caso, la fiscalía veracruzana no investigó “debidamente” la información.
Refirió que el ahora sentenciado, Jorge Antonio Hernández Silva, señaló haber sido torturado y amenazado para confesar el asesinato de la periodista, por lo que la Fiscalía Especial para Delitos en Contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó el Protocolo de Estambul.
Sin embargo, a pesar de que esta medida está reconocida en leyes nacionales e internacionales, Beatriz Rivera Hernández, Juez Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, condenó a 38 años de prisión al presunto responsable sin esperar los resultados de la evaluación que le practicaron.
“No existe una sola prueba científica que coloque a Hernández Silva en el lugar y momento del asesinato. De las 8 huellas dactilares extraídas en la escena del crimen, ninguna corresponde a Hernández Silva”, detalló Artículo 19.
La organización internacional refirió además que durante la investigación del homicidio, “fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de litigar el caso en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas con información difamatoria”.
Recordó que la juez Beatriz Rivera Hernández, sujetó a proceso en el año 2011 a dos usuarios de redes sociales como probables responsables de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, por difundir información de supuestos hechos delictivos.
En este sentido, consideró que “ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno del gobernador (Javier) Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión”.
Artículo 19 señaló que en el caso de Regina Martínez Pérez como en otros asesinatos de reporteros, las autoridades estatales se empeñan en vincular los crímenes con la delincuencia común y asuntos de índole personal.