El reportero Jorge Carrasco Araizaga, quien cubre la fuente de justicia en el semanario Proceso y ha dado puntual seguimiento a las investigaciones de las autoridades de Veracruz en torno al caso del crimen de su colega periodista Regina Martínez, quien también colaboraba en la revista; sería blanco de “acciones hostiles” por su trabajo periodístico relacionado con el seguimiento al homicidio de su compañera de trabajo.
Estas “acciones hostiles” podrían tratarse de ordenar “la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”, de acuerdo con lo que publicó Proceso en un comunicado emitido este martes, en el que añadió que para este cometido “ya se encuentra ‘gente’ del estado de Veracruz” en el Distrito Federal.
El semanario aseguró haber recibido información desde el domingo pasado sobre la presunta intención de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte, así como de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la entidad; de “acordar acciones hostiles en contra del reportero” Jorge Carrasco.
Se indica que el mandatario Javier Duarte fue puesto al tanto de esta información, la cual negó “de manera tajante” y por el contrario “se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco”.
A decir de Proceso, esta intención de atentar contra la integridad del periodista podría ser una respuesta “a su más reciente publicación en torno al caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14” y lleva por título “No les creemos. Una sentencia encubridora”.
La cita para acordar estas acciones hostiles “habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero”, acusa Proceso en su comunicado.
En esa reunión, agrega, se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos” a Carrasco Araizaga.
Para garantizar la seguridad de su reportero, Proceso señala que ya informó sobre las amenazas a Jorge Carrasco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Y sentencian que responsabilizan “al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país”.
Duda Artículo 19 de resolución en caso de Regina Martínez
Este día la organización internacional Artículo 19 lamentó la forma en la que fue conducido el proceso penal para esclarecer el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, ocurrido el 28 de abril de 2012.
En un comunicado, Darío Ramírez, director ejecutivo en México y Centroamérica del organismo, dudó de la efectividad de las investigaciones a cargo de las autoridades veracruzanas, que derivaron en la sentencia a 38 años de cárcel para el presunto cómplice en el crimen de la reportera.
“Nuestras sospechas se fundan en la opacidad con la que se manejó el proceso, así como el desaseo con la que fueron omitidas o evaluadas pruebas potencialmente determinantes aportadas por las coadyuvantes de la investigación”, dijo.
Artículo 19 manifestó que con el fallo judicial emitido la semana pasada, se desechó el posible vínculo del asesinato de la reportera veracruzana con su trabajo periodístico.
Cuestionó que si bien la revista Proceso aportó los trabajos de Martínez Pérez realizados en el periodo de 2011 a 2012, mismos que fueron incluidos en el expediente del caso, la fiscalía veracruzana no investigó “debidamente” la información.
Refirió que el ahora sentenciado, Jorge Antonio Hernández Silva, señaló haber sido torturado y amenazado para confesar el asesinato de la periodista, por lo que la Fiscalía Especial para Delitos en Contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó el Protocolo de Estambul.
Sin embargo, a pesar de que esta medida está reconocida en leyes nacionales e internacionales, Beatriz Rivera Hernández, Juez Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, condenó a 38 años de prisión al presunto responsable sin esperar los resultados de la evaluación que le practicaron.