La minera Peñasquito, filial de Goldcorp incumplió, desde hace tres meses, la sentencia del Tribunal Superior Agrario que le obligaba a restituir a las familias del ejido de Cerro Gordo, Zacatecas, 600 hectáreas. En dichos terrenos se ubica la mina de oro Peñasquito, filial de la trasnacional canadiense Goldcorp, que produce el 70% de ese metal en el país.
La minera, nunca pagó a sus dueños los terrenos, ni siquiera por su uso, de acuerdo al expediente, pero sólo entre 2010 y 2013 logró hasta 2 mil millones de dólares de utilidades, de acuerdo a los reportes de la firma a sus accionistas.
Hoy se reunirán los representantes legales de la empresa y por lo menos 29 familias de comuneros en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, para ejecutar la sentencia en donde se pedirá a Peñasquito defina la fecha para liberar el territorio en disputa.
Sin embargo, los comuneros consideran que al ser la minera más grande de América latina y ser filial de la canadiense, temen que la compañía busque algún recurso legal para evadir el fallo, aunque la sentencia es definitiva y tuvieron que pelear en los tribunales durante cuatro años, para recuperar sus tierras.
Si bien desde el 17 de enero pasado, el Tribunal Superior Agrario falló a favor de los habitantes del municipio de Mazapil, el más grande de Zacatecas, hasta ahora el terreno de aproximadamente 600 hectáreas sigue en posesión de la minera y no hay una fecha precisa para su devolución.
El magistrado Serafín Salazar Jiménez determinó en la sentencia 528/2012 del 17 de enero de 2013, aux, 1176/2012, rechazar el amparo solicitado por la trasnacional contra la conformación del fallo de 2011 del Tribunal Superior Agrario, al señalar que en éste no se violaron los derechos de la empresa.
Ello deja vigente la sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, de 2011, que declaró nulas dos asambleas en que se autorizaron un contrato de ocupación temporal y el dominio pleno a cinco personas físicas sobre los predios; y precisa que minera Peñasquito debe restituir a los ejidatarios el terreno en el que hoy se aloja el tajo más grande a cielo abierto de la mina de oro y plata, el cual nunca fue comprado por la firma.
Sin embargo, el fallo no determinó que la trasnacional pague la indemnización correspondiente por daños y perjuicios a las familias zacatecanas. Lo cual, la defensa buscará se reconsidere luego de que con la producción de la mina se obtuvieron ganancias que los ejidatarios no tuvieron en estos años, la empresa logró utilidades de 2 mil millones de dólares.
Los comuneros piden también a la administración del presidente Enrique Peña Nieto intervenga para que la sentencia se ejecute conforme a derecho. Piden al gobierno que intervenga para evitar que el conflicto escale socialmente. Piden ejecutar un desalojo si la trasnacional se negara a salir del área señalada por la máxima autoridad para resolver el caso.
La historia de un sueño
Eran las 14:00 horas del 28 de septiembre de 2005, cuando habitantes del ejido Cerro Gordo se reunieron en asamblea con la sociedad anónima Minera Peñasquito, quienes les prometieron empleos, mejora en viviendas, acceso a servicios básicos como agua, luz, servicios médicos y bonanza para su comunidad, a cambio de que autorizaran un contrato de ocupación temporal. Ante el deslumbrante escenario, el ejido autorizó y celebró la firma del contrato.
Ese mismo día, pero a las 16:00 horas, en la zona semidesértica al norte de Zacatecas que lindera con Coahuila, se celebró una segunda asamblea para autorizar el dominio pleno de la superficie ejidal de un total de 599-27-66.826 hectáreas a los ciudadanos Sergio Razo Núñez, José Guillermo González Vázquez, Manuel Aurelio Hernández Anda, Jorge Guerrero Delgado y José Salvador Tejeda Buneder.
Para establecer la mina, las familias propietarias de las tierras fueron reubicadas aunque las promesas de acceso a servicios como agua y luz tardaron en llegar al menos tres años, y un sector de la población aún no cuenta con éstos.
En lo laboral, por la explotación de sus propias tierras, al menos 3 mil 400 trabajadores de la mina que reciben salarios inferiores a los 300 pesos diarios sin prestaciones sociales.
Ante los acuerdos, 29 familias de Cerro Gordo no aceptaron las condiciones de la trasnacional, y lideradas por el presidente del comisariado ejidal Manuel Ordóñez Saucedo, interpusieron una demanda a minera Peñasquito en 2009, ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito uno, con sede en Zacatecas. Y en una ampliación se extendió a las cinco personas físicas a quienes demandó la nulidad de la asignación de parcelas de dominio pleno de las casi 600 hectáreas cedidas.
Así inició el juicio 412/2009 que solicitó la restitución de las parcelas 42,43,44,45 y 46; nulidad de cualquier documento que acreditara derecho sobre las propiedades; cancelación en el registro público de la propiedad que se hubiere realizado en favor de la trasnacional respecto a los terrenos en disputa; el pago de daños y perjuicios generados al núcleo ejidal; cancelación ante el Registro Agrario Nacional (RAN) sobre las parcelas que hubieren adquirido dominio pleno y nulidad de títulos que la delegación de RAN en Zacatecas hubiere emitido.
La minera argumentó que se encontraba en posesión del terreno debido a que se celebró un contrato de promesa de compra-venta con sus propietarios: Razo Núñez, González Vázquez, Hernández Anda, Guerrero Delgado y Tejeda Buneder, de quienes demandó la nulidad de las parcelas y en virtud de que en el acuerdo de 2005 se aprobó pasar las tierras de uso común a tierra parcelada. Y alegó que el ejido carecía de legitimación para reclamar el terreno dado que no era titular de las parcelas en litigio.
Nunca pagó minera: tribunal
Un año después, en 2010, en un primer fallo el Tribunal Unitario Agrario resolvió que el ejido no tenía razón y dio validez a las actas de 2005, que cedían la propiedad en dominio pleno a personas físicas ajenas al ejido. A lo que Cerro Gordo interpuso un recurso de revisión para revertir la resolución ante el Tribunal Superior Agrario. Fue en 2011, cuando éste determinó la emisión de una nueva sentencia debido a que el procedimiento no se agotó eficazmente al no emplazar a todas las partes implicadas.
Así, el tribunal de origen en la nueva sentencia determinó que Peñasquito debía devolver las tierras en materia de controversia debido a que las asambleas en las que se cedió la ocupación y el dominio pleno no eran válidas y a que nunca se pagó por los terrenos.
La respuesta de la minera fue presentar un recurso de revisión en 2012 ante el Tribunal Superior Agrario, el cual en ese mismo año confirmó la sentencia en sus términos y contra la trasnacional, por lo que la filial de la canadiense Goldcorp pidió el amparo directo que hace tres meses se rechazó.
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