La Cruzada Nacional Contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opera de forma “ilegal” en la capital del país, denunciaron asambleístas y diputados federales del PRD junto con el jefe delegacional de Álvaro Obregón, Leonel Luna.
Con base en ello pidieron a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no firme ningún convenio con Rosario Robles, titular de la Sedesol, hasta que se realice una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno y en conjunto se definan las reglas de operación.
Leonel Luna, uno de los líderes de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), liderada por René Bejarano, dijo que es necesario coordinarse con los jefes delegacionales para que la Sedesol entregue los apoyos en el DF.
La Cruzada contempla ayudar a los pobres de las delegaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, sin embargo, hasta la fecha la Sedesol no ha firmado un convenio con Mancera para la operación del programa en la ciudad.
“Ya están hablando de que van a entregar a la gente que ahí habita (Álvaro Obregón) productos de primera necesidad, nos parece que es un programa totalmente electoral”, dijo Luna.
La diputada federal Lizbeth Rosas aseguró que ya están operando 10 mil voluntarios de la Cruzada y no se ha dado información al respecto sobre las reglas de operación del programa. Incluso retó a Robles a acudir a los territorios de las cuatro delegaciones para que conozca los problemas de la gente y no diseñe políticas públicas con fines electorales.
El legislador federal Carlos Augusto Morales afirmó que desde la Cámara de Diputados se vigilará el uso de los recursos públicos correspondientes a la operación de estos programas sociales en el DF.
Precisó que la Ciudad de México ya está blindada en materia social, por lo que el llamado al gobierno de la República es para que destine recursos, pero con el fin de resolver otros problemas como la escasez de agua.
Los perredistas añadieron que es necesario que el gobierno de Mancera y las 16 delegaciones participen de manera conjunta en la revisión de los recursos federales y en garantizar su transparencia.