La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó frenar el proceso de rescate de la banda de 2.5 GHz anunciado al final del sexenio de Felipe Calderón.

La Segunda Sala del Máximo Tribunal concedió tres de los cuatro amparos a la empresa de Telecomunicaciones MVS en contra de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de negarle una prórroga para la utilización de la banda de 2.5 MHz (en este espectro se puede ofrecer internet con velocidades superiores a las que se alcanzan con la actual Tercera Generación, o 3G).

 

En agosto de 2012, el entonces titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, argumentó que la empresa de Joaquín Vargas Guajardo subutilizaba un recurso que era necesario para la prestación de servicios de banda ancha de cuarta generación, por lo que convocaría a un nuevo proceso de licitación de las diferentes frecuencias de este espectro.

 

Sin embargo, de acuerdo con los jueces, estas resoluciones no estaban apegadas a la legalidad, por lo que las dejaron sin efecto.

 

“Las omisiones de la autoridad no pueden ser el motivo para que después se le nieguen a la quejosa las prórrogas que solicitó. De avalar tal proceder, se les estaría dotando de poder ilimitado para actuar en cada caso fuera del marco legal, conforme a intereses ajenos al interés público y al bien común para satisfacer fines distintos a los que persigue la ley”, señalan los proyectos del ministro Luis María Aguilar presentados en la Corte.

 

Al respecto, MVS emitió un comunicado en el que declaró que la decisión del tribunal constitucional constituye un precedente que brindará mayor seguridad y certeza jurídica a las inversiones y al desarrollo del sector de telecomunicaciones.

 

“MVS reitera su disposición para mantener un diálogo abierto y constructivo con el gobierno federal”.

 

El 8 de agosto de 2012, la SCT inició una proceso de suspensión con el que quitaban un paquete de concesiones tanto vigentes, como vencidas de la banda de 2.5 GHz a operadores, la mayoría propiedad de MVS.

 

En respuesta, Joaquín Vargas anunció el 14 de agosto que pelearía con decisión el proceso de rescate, con lo que iniciaría una agresiva estrategia de comunicación, la cual incluía la transmisión en vivo de conferencias de más de una hora en la que revelaría documentación clasificada hasta ese entonces como oficial y confidencial, y conversaciones vía BlackBerry con el fin de respaldar su defensa.

 

En la primera de esas conferencias, Joaquín Vargas narró que el mismo día en que la periodista Carmen Aristegui preguntó en su programa matutino sobre el supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, tuvo una reunión privada con Pérez-Jácome quien le dijo:

 

“Por instrucciones del Presidente, no se gestionará asunto alguno de MVS hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por sus declaraciones”, declaró durante esa conferencia.

 

La siguiente acción de la familia Vargas fue impugnar el resolutivo de la SCT.

 

Posteriormente, Pérez-Jácome aseguró a medios de comunicación que no había existido chantaje ni condicionamiento a MVS, y que se le habían otorgado al grupo diversas posibilidades para operar esta banda.

 

Ese fue el inicio de una guerra de declaraciones entre la empresa de la familia Vargas y el gobierno federal, cuya vocera también estaba implicada en las conversaciones que se utilizaron como pruebas en este caso, Alejandra Sota.

 

Después de esta defensa y de que negaran en una primera instancia el amparo a MVS contra esta resolución, se dio el cambio de gobierno federal.

 

Como informó 24 HORAS, el pasado 5 de diciembre, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, advirtió que buscaría un acuerdo para el uso adecuado de la banda de 2.5 GHz y que de ser necesario, revertiría el proceso de rescate al que se sometió a la empresa de la familia Vargas.

 

“Yo lo que deseo es llegar a un acuerdo. Yo no veo por qué no se suspenda, ése es el punto fundamental, que se pueda realmente tener esa condición de equidad. Yo creo que sí se puede suspender, se podrá suspender sólo si se logran estos equilibrios”, declaró en ese entonces Ruiz Esparza.

 

La resolución de la Corte a favor de MVS incluye una orden para que la SCT emita una nueva resolución para que conforme a las normas vigentes, se determinen las nuevas condiciones que deben imperar para el refrendo y la entrega de estas cuatro concesiones en litigio.