Once meses después de su detención el general Tomás Ángeles Dauahare recuperó su libertad. La Procuraduría General de la República (PGR) se arrepintió de haberlo acusado de nexos con el crimen organizado, porque no tenía pruebas en su contra. Ahora su familia tiene miedo.
Adriana Ángeles, la hija del general, señaló a 24 HORAS que tienen miedo e incertidumbre por lo que vendrá después, y por cómo se desarrollará una vida que no será la misma.
“Te seré franca, nos viene un proceso de sanación que será muy difícil. El afectado directo con todo esto fue mi papa pero a todos nos dañó la vida y hasta la salud. Lo que viene ahora no sabemos, pero el miedo y la incertidumbre están”, señaló Adriana.
Cuando Ángeles Dauahare fue detenido el 15 de mayo, luego de que el testigo protegido “Jennifer” lo acusó de recibir miles de dólares de los Beltrán Leyva, el general perdió una trayectoria de más de tres décadas de servicio, que lo llevó hasta el segundo puesto de mayor jerarquía en el Ejército, el del subsecretario de la Defensa Nacional.
Pero las pérdidas no tardaron en extenderse a su familia. Sus dos hijas, Adriana y Ana Luisa, perdieron sus trabajos, sus cuentas bancarias fueron congeladas, y sus propiedades cateadas y aseguradas durante varias semanas. Leticia Zepeda, esposa del general, tuvo problemas de salud.
A finales del año pasado, en una entrevista con este diario, Zepeda dijo que prácticamente vivían de la “caridad” de sus amigos que los apoyaron para los gastos diarios.
La esposa del general adelantó desde esa fecha que lo más difícil no terminaría con la libertad de su esposo, sino en la reconstrucción de una vida, rutina y seguridad desechas.
“Lo que nos han dicho amigos cercanos es que cuando mi esposo salga de la cárcel tenemos que irnos del país, pero cómo lo vamos a hacer, con qué dinero, para nosotros no hay un volver a empezar…” dijo su esposa.
Ayer, Adriana reconoció que si bien, la salida de su padre es un alivio a meses de angustia, las heridas están ahí, abiertas, y la recuperación será lenta.
Marisela acusó, Murilló se retractó
Ángeles Dauahare fue detenido el 15 de mayo del año pasado acusado de delincuencia organizada, y durante casi 80 días permaneció arraigado, mientras la PGR realizó cateos, revisiones bancarias, y otras diligencias que sustentaran lo dicho por “Jennifer”.
No se encontró nada, ni rastro de los 500 mil dólares que según el testigo recibía de los Beltrán Leyva.
Pese a ello, la procuradora Marisela Morales autorizó su consignación y Dauahare fue enviado al penal federal del Altiplano acusado de delincuencia organizada. El proceso, quedó asentado en la causa penal 44/2012.
En febrero, ya con Jesús Murillo Karam, la PGR reconoció en un oficio lo que ya se sabía: que no había pruebas que sustentaran lo dicho por “Jennifer”. Ayer, presentó conclusiones absolutorias, y conforme al artículo 298 del Código federal de Procedimientos Penales, el caso fue sobreseído.
Hasta el cierre de esta edición, se esperaba la salida del general del penal federal del Altiplano.
Analizarán demanda
El general Tomás Ángeles Dauahare analizará junto con su defensa y familia, si proceden legalmente o no en contra de la PGR, por la acusación y encarcelamiento hecho con pruebas insuficientes.
“Es algo que vamos a resolver en familia, aun no hay una determinación que podamos tomar y nosotros no podemos decidir por nuestro papá, estamos muy molestos pero vamos a pensar como proceder”, dijo Adriana Ángeles.
Los acusados
La PGR anunció en 2008 que detuvo e identificó a servidores públicos cómplices de las organizaciones criminales de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y los Zambada García, que recibían, de acuerdo a la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales, “recibían pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales”. Del total de funcionarios identificados entonces, dos están prófugos y los nombres de cinco militares se mantuvieron bajo reserva. Los acusados fueron:
SIEDO
Noé Ramírez Mandujano – titular de la SIEDO
Fernando Rivera Hernández – director general adjunto encargado de Inteligencia.
Miguel Ángel Colorado González – coordinador general técnico.
AFI
Rodolfo de la Guardia García – director general de Despliegue Regional.
Ricardo Gutiérrez Vargas – director general de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol
Luis Manuel Aguilar Flores – agente
Francisco Javier Jiménez Sánchez – agente
Edwin Said González Isais – agente
Antonio Mejía Robles – agente
Jorge Alberto Zavala Segovia – agente
Carlos Gerardo Castillo Ramírez – agente
José Antonio Cueto López – agente
PFP
Víctor Gerardo Garay Cadena – comisionado
Francisco Navarro Espinoza – jefe de Operaciones Especiales de la División Antidrogas
Edgar Enrique Bayardo del Villar – inspector de la División Antidrogas
Fidel Hernández García – agente
Jorge Cruz Méndez – agente
José Guillermo Báez Figueroa – agente
Marco Antonio Valadez Rico – agente
SEDENA
Mayor Arturo González Rodríguez – adscrito a Guardias Presidenciales
1 jefe
3 oficiales
1 elemento de tropa