El retraso de casi siete meses en la expedición del reglamento de la nueva ley contra la trata de personas impide a los jueces perseguir de oficio este delito y acusar penalmente en casos de prostitución, mendicidad forzosa, adopción ilegal, y a quienes contraten espacios en periódicos o internet para promover estos ilícitos de manera disfrazada.

 

Pero además imposibilita la acción de la justicia en casos de esclavitud, corrupción de menores y pornografía infantil.

 

El decreto de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, publicado a mediados de junio de 2012, estableció un plazo de 90 días para la expedición de su reglamento.

 

La demora implica también el retraso en la creación por parte de los tres niveles de gobierno de un fondo de protección para la reparación del daño y la asistencia integral a las víctimas.

 

La nueva ley establece penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 60 mil días de salario en dichos ilícitos, pero el reglamento debe hacer precisiones en temas como la reparación del daño a la víctima.

 

Para la ex diputada y activista, Rosi Orozco éste es uno de los grandes pendientes de la administración de Enrique Peña Nieto, sobre todo con los niños y niñas que han sido víctimas de este delito.

 

“Tienen que hacer una mesa con la sociedad civil para hacer ese reglamento que todavía no se ha dado y esperamos pronto noticias. Es muy grave que no se ha haya hecho”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

 

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) muestran que entre 2009 y 2012 se iniciaron 906 averiguaciones previas, de las cuales 396 derivaron en consignación de los presuntos responsables y sólo 91 terminaron en una sentencia conforme a la legislación anterior a la aprobada en 2012.

 

TEMEN ORGANIZACIONES NO LOGRAR REGLAMENTO

 

Organizaciones civiles y la propia ex diputada han expresado su temor de que la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no emita el reglamento.

 

Ayer, medio centenar de representantes de las ONG acudieron al Senado para pedir una explicación a la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila.

 

“Había una confusión. A las organizaciones nos dijeron eso (en Segob) y por eso venimos al Senado para que nos expliquen”, aseveró Orozco.

 

En respuesta, la senadora aseguró que existe el compromiso por parte de la subsecretaria, Lía Limón García, para que el reglamento quede listo la semana siguiente.

 

Dávila anunció que el próximo lunes 22 de abril se instalará la Conferencia Nacional de Legisladores en Contra de la Trata, donde participarán diputados de 24 congresos estatales, con los que comenzará a trabajar en la homologación de las leyes.

 

Otro de los aspectos de la ley es la obligación que establece para que la Federación, estados y los municipios, que incluye al Distrito Federal, se coordinen para prevenir este delito.

 

Orozco señaló que hasta el momento sólo Coahuila, Querétaro y Puebla han homologado su legislación local con la federal.

 

Datos

 

322 casos de tráfico de personas en México entre 2008 y 2010

35% eran menores de edad

75% provenía de otro país, la mayoría de Centroamérica

Entre 16 mil y 32 mil mdd deja como ganancia la trata de personas en el mundo

FUENTE: Reporte Global de Tráfico de Personas 2012 de la UNODC