El alcalde de Boston, Tom Menino, ha admitido la posibilidad de que las autoridades nunca lleguen a interrogar a Dzhojar Tsarnaev, el sospechoso de colocar los explosivos, junto a su hermano, en el Maratón de Boston, por las heridas que presenta en su cuello, por lo que podría no recuperar el habla.
Dos días después de su hospitalización tras ser capturado con vida, el joven de origen checheno, de 19 años, es incapaz de hablar y su estado es “muy grave”, según ha declarado Menino a la ABC.
“No sabemos si (las autoridades) podrán interrogarlo algún día”, añadió el alcalde de Boston, sin dar más detalles.
En un comunicado difundido este domingo por el FBI a petición del hospital donde está ingresado, el Beth Israel de Boston, se informa de que “Dzhojar Tsarnaev permanece aún en estado grave”.
En conferencia de prensa, médicos del hospital aseguraron que el sospechoso ya salió de la sedación, aunque sigue sin hablar y en estado grave. Mientras que la cadena CBS ha añadido, citando fuentes de la investigación, que el menor de los Tsarnaev había perdido mucha sangre a través de dos orificios de bala que presentaba en su cuerpo.
Una de las heridas en la parte posterior del cuello ha hecho plantear a los investigadores la hipótesis de que Tsarnaev habría intentado suicidarse disparándose un tiro en la boca al sentirse acorralado por la policía.
Dzhojar Tsarnaev fue detenido en la tarde del viernes tras 24 horas de frenética persecución. El joven se había escondido en una barca estacionada en el jardín de una vivienda en Watertown (Boston).
Los cargos contra Tsarnaev
Asimismo la CNN informó que un juez se trasladará este mismo domingo al hospital donde permanece Tsarnaev para presentar los cargos contra él.
Previsiblemente, el menor de los hermanos chechenos podría ser acusado de cargos federales por terrorismo y otros por homicidio a nivel estatal, según ha apuntado un funcionario del Departamento de Justicia.
Aunque el estado de Massachussetts no contempla la pena de muerte, los fiscales podrían buscar la pena capital a nivel federal, puesto que la pena de muerte es legal para todo el país en delitos federales y militares.
Hasta el sábado, continuaban hospitalizadas más de 50 víctimas, tres de ellas en estado crítico.