Tras las liberaciones del ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano; del general Tomás Ángeles Dauahare, y de las implicadas en el caso Gadafi, la cadena de fallas que acumula la PGR en la última semana podría agudizarse en los próximos días, debido a que el gobierno federal analiza cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en curso un análisis de las pruebas asentadas en el expediente de la averiguación previa contra el ex mandatario, para definir si solicita la cancelación de la orden judicial que se giró el año pasado por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Lo anterior, porque la columna vertebral de las acusaciones en contra de Yarrington se sostiene en los dichos de los testigos protegidos Jennifer, Pitufo y Ángeles, cuya manipulación y falsificación fueron evidenciados en varios procesos, como la Operación Limpieza o El Michoacanazo.
Se trata, refirieron autoridades federales, de un recurso estipulado en el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual indica que es facultad del procurador el solicitar al juez la cancelación de la orden.
“Si por datos posteriores el Ministerio Público estimare que ya no es procedente una orden de aprehensión, o que debe reclasificarse la conducta o hecho por los cuales se hubiese ejercitado la acción, y la orden no se hubiera ejecutado aún, pedirá su cancelación o hará la reclasificación, en su caso, con acuerdo del Procurador o del funcionario que corresponda, por delegación de aquél”, indica la normativa.
El mismo artículo precisa que la cancelación de la orden de aprehensión no impide que se continúe integrando o enriqueciendo la averiguación previa para que en su momento, de considerarse así, se solicite una nueva orden de captura.
En diciembre pasado, la defensa de Yarrington, a través del abogado Diego Arévalo, presentó una denuncia de hechos en contra de los funcionarios que resulten responsables por la utilización indebida de testigos protegidos en contra de su cliente, pues sostuvo que se trataba de dichos sin fundamento.
“Tenemos el caso, por ejemplo, de un testigo que se utiliza indistintamente (Jennifer) en el asunto que nos ocupa, el del licenciado Yarrington, también está involucrado en el asunto de los generales y en otros asuntos (…) resulta increíble que una persona tenga manejo y conocimiento de tantos hechos”, apuntó el litigante.
La semana pasada, el juez que absolvió a Mandujano y dio vista al procurador para que, en el mismo sentido, se indague a funcionarios que habrían falseado o fabricado pruebas.
El jueves, procurador Jesús Murillo Karam confirmó que estaba en curso la averiguación previa por este tema, y señaló que se indaga a funcionarios y al mismo testigo colaborador Jennifer, quien en realidad es Ricardo López Nájera, un ex narcotraficante bajo las órdenes de los Beltrán Leyva.
Indagatoria opaca
La averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/12/2009 en contra de Yarrington, y otros ex gobernadores de Tamaulipas, por lavado de dinero en favor de los Beltrán Leyva se inició en 2009, pero fue casi tres años después cuando se “filtró” a medios que la indagatoria estaba en desarrollo.
También, de forma extraoficial se supo que existía una orden de aprehensión en contra de Yarrington y una supuesta ficha roja de Interpol, aunque en la página de dicho organismo nunca han aparecido los datos del ex mandatario.
Con los señalamientos de los testigos protegidos y de la esposa de uno de los empresarios señalados, que aceptó también colaborar para evitar sanciones, la PGR construyó una red de vínculos entre ex mandatarios y empresarios que supuestamente se dedicaba a lavar dinero del Cártel del Golfo.
En Estados Unidos se aseguraron dos propiedades ligadas al ex mandatario en Texas, pero solo se procedió penalmente en contra de Fernando Cano, un empresario tamaulipeco que encabezaba la supuesta red de lavado.
En marzo de este año, la PGR confirmó que no se procedería en contra de los ex gobernadores Eugenio Hernández y Manuel Cavazos Lerma, pues no había elementos suficientes para ello en la indagatoria.
Caso Gadafi: más pruebas ilegales
Intercepción ilegal de llamadas y correos electrónicos, así como declaraciones sin un abogado presente fueron las irregularidades que dejaron en libertad a dos de los cuatro acusados del supuesto plan para ingresar al país, ilegalmente, a Saadi Gadafi, hijo del dictador Muammar Gadafi, confirmaron a 24 HORAS autoridades judiciales.
El viernes, medios canadienses dieron a conocer que la ciudadana de ese país, Cynthia Ann Vanier, y su supuesta cómplice, Gabriela Dávila Huerta, recobraron su libertad luego de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del DF les otorgó un amparo contra la formal prisión, dictada en febrero de 2012.
Los magistrados, explicaron las autoridades consultadas, concluyeron que la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), encabezada por Cuitláhuac Salinas, llevó a cabo -entre noviembre y diciembre de 2011- intervenciones sin orden de un juez y tomó declaraciones iniciales a los implicados sin la asistencia legal que marca la Constitución.
Por ello, se decidió otorgar a las detenidas un amparo liso y llano, que anuló el auto de formal prisión, y decretó el auto de libertad.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Vanier era la cabeza de una organización delictiva que pretendía introducir de forma ilegal a México a Saadi Gadafi y su familia. El 11 de noviembre de 2011 fue detenida en la Ciudad de México, junto con Dávila Huerta, el sueco Pierre Christian Flensborg, y el mexicano José Luis Kennedy Prieto.
El 27 de enero de 2012, luego de casi 80 días de arraigo, los detenidos fueron consignados. Salinas aseguró que jueces habían autorizado las intervenciones de correos y llamadas, lo que fue desestimado por los magistrados.
El abogado Enrique Ostos, quien llevó la defensa de Christian Flensborg, confirmó que este último también ganó el mismo amparo, y se esperaba que saliera en breve del penal del Altiplano.