La administración de Felipe Calderón se tardó más de cinco años en poder determinar el número de homicidios en el país. Pasaron varias metodologías, procesos y protocolos, así como varios millones de pesos en consultores para estimar el número de víctimas. Al final del día esta misión se concentró en el CENAPI que tomó como base el número de personas asesinadas que se encontraban registradas en una averiguación previa. Para este trabajo se realizó una inspección de campo en las 32 entidades federativas para determinar la validez jurídica y ver el grado de avance de cada investigación. Este proceso suena lógico y obvio; sin embargo, dada la poca relevancia y supervisión que Felipe Calderón le dio a la PGR, esta tarea estadística no se completó sino hasta el 2011.
La poca información estadística, la georeferenciación y el perfil de las víctimas fomentó que varios burócratas y analistas de seguridad, sin experiencia de campo o conocimientos de criminología, hicieran propuestas de política pública y crearan teorías sobre la dinámica y comportamiento de los carteles. Estos estudios han sido la base para legalizar la marihuana, para explicar la alianza de partidos con los carteles y sustentar que la industria del armamento en EU es la responsable de los asesinatos en México. En la academia, estudiantes de doctorado han realizado modelos matemáticos para tratar de predecir las próximas masacres, y los investigadores tratan de usar modelos de equilibrio para determinar el ambiente donde los carteles no pelean entre sí.
Muchas de estas teorías parten de supuestos equivocados, ya que su principal supuesto es asumir que los asesinados son miembros del crimen organizado. Esto se debe a que la administración de Felipe Calderón calificó y juzgó sin investigar a las víctimas de un asesinato, ya que la estrategia de comunicación era posicionar la violencia como enfrentamiento entre carteles.
Otro de los supuestos erróneos es basarse en modelos económicos de largo plazo, en lugar de modelos de negocio que maximicen la utilidad en el corto plazo, para explicar la actuación de los miembros del crimen organizado. Argumentar que la violencia se reduce si esta genera una mayor presencia del Estado podría ser un argumento racional; sin embargo, lo que afecta el flujo de efectivo de las organizaciones criminales es la interrupción de su proceso de logística y canales de distribución. La política y recomendación de aumentar los retenes también es producto de estos estudios, ya que también suponían que la presencia del Estado ayudaría a recuperar el territorio y disuadir los enfrentamientos entre grupos en áreas urbanas. Quizá esta fue la peor acción táctica que implementó Felipe Calderón. Los retenes no capturaron a ningún miembro del crimen organizado y sí fueron puntos donde la ciudadanía sufrió abusos por elementos corruptos de las policías y fuerzas armadas. Años más tarde se publicó un protocolo para determinar procedimientos y justificar su implementación y proteger a las fuerzas armadas y a la ciudadanía. Un punto de contacto del Estado se volvió en un punto de peligro y corrupción. Y lo más contradictorio es que, el mismo crimen organizado uso retenes y bloqueos para crear terror y aumentar la violencia urbana.
Si la sociedad civil, analistas y medios de comunicación queremos reducir la violencia y disminuir la tasa de homicidios, es importante contar y denunciar los asesinatos, pero lo eficiente es investigar cada caso para terminar con la impunidad. La única manera de reducir un crimen es a través de la prevención y la sanción. Por ello, debemos poner más atención en la investigación de los homicidios. Los ejecutómetros sirvieron para poner el tema en la agenda, pero ahora debemos dar seguimiento a las investigaciones, ya que sólo resolviendo los crímenes podemos detectar patrones, antecedentes y sobre todo terminar con la impunidad. Los medios tenemos una responsabilidad y creo que el enfoque ahora debe ser en exigir que las investigaciones avancen en lugar de contar solamente los cuerpos. Las procuradurías tienen un gran aliado en los medios y lo vimos en los incidentes de Boston la semana pasada. El llamado del FBI y la policía de Boston redujeron la capacidad de actuación de los terroristas y acotaron su margen de maniobra.
Para ello, las procuradurías necesitan hacer inversiones importantes en tecnología, procesos y capacitación de su personal. La impunidad sólo se puede resolver si hay investigación y ésta tiene que estar basada en hechos científicos y procesada bajo los términos que estipula la Ley; únicamente así podremos hacer que los criminales y culpables cumplan su condena.