El gobierno de Estados Unidos divulgará mañana su estrategia antidrogas  2013, en la que la Administración de Barack Obama defenderá políticas centradas “en la neurociencia y no la política” y en programas de prevención y tratamiento, informó hoy la Casa Blanca.

 

El “zar” antidrogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, acudirá a la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland) para difundir la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas de 2013, dijo su oficina.

 

Kerlikowske estará acompañado del comisionado de la policía de Baltimore, Tony Batts; la directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, Nora Volkow, y el director de investigaciones sobre drogadicción del Centro Médico Bayview de Johns Hopkins, Eric Strain.

 

Durante el acto, los expertos harán énfasis en las investigaciones sobre el abuso de las drogas y en las formas de reducir “el impacto del uso de sustancias en las comunidades”, indicó la Oficina Nacional de Política para el Control de las Drogas (ONDCP, por si sigla en inglés), dirigida por Kerlikowske.

 

Como principal asesor antidrogas de Obama, Kerlikowske delineará un plan nacional que incluirá una serie de reformas dirigidas a acentuar la salud pública e intervenciones contra el uso de drogas como “una alternativa” a políticas que se han centrado en medidas policiales en el marco de la “guerra contra las drogas”.

 

En abril del año pasado, al divulgar la estrategia de 2012, Kerlikowske explicó que el nuevo enfoque antidrogas de la Administración Obama responde a la necesidad de cambiar políticas que “no eran humanas o realistas, y no se basaban en pruebas científicas”.

 

Por ello, la nueva estrategia ha venido haciendo énfasis en inversiones para ampliar los programas comunitarios y reformar el sistema judicial de manera que, en vez de ir a la cárcel, los infractores no violentos reciban tratamiento para la drogadicción.

 

Kerlikowske ha destacado la urgencia de tratar el problema del uso de drogas más como un asunto de salud pública y menos como un problema del sistema judicial, por donde pasan más de siete millones de personas, muchos por delitos relacionados con las drogas.

 

“No es sino una revolución en la forma en que respondemos al abuso de drogas”, dijo entonces Kerlikowske.