La reforma financiera tiene cinco ejes: plantea incrementar la competencia, fomentar el crédito vía la banca de desarrollo, ampliar el financiamiento de los bancos, mantener un sector sólido y prudente, y hacer más eficaces a las instituciones financieras.
“El crédito es un insumo clave del proceso productivo, por lo que su abaratamiento es uno de los ejes centrales en la agenda de la democratización de la productividad”, señala el borrador de la iniciativa, cuya presentación fue pospuesta ayer.
Aclara que los cambios al sector financiero no reducen las tasas de interés por decreto, aunque sí propone dar mayor flexibilidad e incentivos para que el sector privado y la banca de desarrollo otorguen más créditos y más baratos.
El documento elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expone dar mayores atribuciones a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para determinar cuáles son las prácticas más sanas en la comercialización de servicios.
La copia de los 14 decretos que modificarán 38 leyes dice que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) deberá realizar un diagnóstico 120 días después de haberse aprobado la reforma, sobre la situación competitiva del sector.
“Se ajustan diversos aspectos normativos de la operación de grupos financieros y uniones de crédito. Asimismo, se mejora la regulación de las Sofomes para ordenar el mercado y fomentar el otorgamiento de crédito por esta vía”, dice.
Detalla que la banca de desarrollo debe ampliar el crédito en áreas como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, y redefinirá su mandato, ordenará la implementación de estrategias y dotará de herramientas para alinear las remuneraciones económicas al desempeño laboral.
“La mayoría de los bancos mexicanos que captan recursos del público tienen una estrategia de inversión bajo la cual invierten una gran proporción de su captación en inversiones financieras, en lugar de privilegiar la colocación de créditos”, expone la reforma.
También advierte que la expansión del crédito y la inclusión financiera requieren de autoridades con facultades de supervisión y de sanción adecuadas y fortalecer los mecanismos contra lavado de dinero.
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