WASHINGTON. La organización Human Rights Watch (HRW) urgió hoy a México a rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo (prisión preventiva) y actuar en su lugar para eliminar por completo esa figura.
La Cámara de Diputados estudia actualmente un proyecto que reduciría de 80 a 40 días el período máximo de detención preventiva previsto bajo la figura del arraigo, recordó HRW en un comunicado.
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, consideró que esa figura “contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución, como las garantías frente a detenciones arbitrarias”.
Además, “vulnera garantías básicas contra la tortura” y “ofrece a los agentes del ministerio público un incentivo perverso para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva”, continuó.
“La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es eliminar el arraigo completamente de la Constitución”, aseguró Vivanco.
El proyecto que debaten los diputados mexicanos ampliaría además de 4 a 7 días el plazo máximo durante el cual los funcionarios judiciales pueden mantener detenidas a personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada antes de presentarlas ante un juez, según HRW.
La organización también rechazó otro proyecto que podrían estudiar los diputados y que propone reemplazar el arraigo con otra variante de prisión previa a la consignación, denominada “detención con control judicial”, por considerar que “no se adecúa a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos”.
“Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han formulado serias objeciones a la detención de una persona por un período mayor a cuatro días”, indicó HRW.
La organización asegura haber documentado “gran cantidad de casos de víctimas que han sufrido graves abusos – como torturas y violaciones sexuales – durante la prisión preventiva durante el arraigo o antes de este período”.
“Cualquier ampliación del período durante el cual una persona puede quedar detenida antes de ser llevada ante un juez para ser imputada – ya sean días o semanas, y con independencia de si se llama arraigo o se le da otro nombre – constituirá una vulneración irrazonable de derechos fundamentales, y fomentará un entorno propicio para que se cometan incluso nuevos abusos”, dijo Vivanco.