Tenía un mes de trabajar como fotógrafo en la sección de Sociales del periódico Vanguardia, en Saltillo, Coahuila. El martes acudió a las 14:48 horas a la redacción por su orden de trabajo, un evento el mismo día a las 18:00 horas. Nunca llegó.
Desde ese momento, directivos del diario reportaron la desaparición de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad. La búsqueda terminó a las 02:00 horas del miércoles, cuando su cuerpo fue hallado desmembrado, junto con el de Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años.
Junto a sus restos, fueron halladas dos cartulinas con mensajes presuntamente del crimen organizado. En ellos, son señalados, supuestamente por Los Zetas, como Chapulines, es decir, desertores.
Y sin aportar ninguna otra prueba, la Procuraduría estatal afirmó por la noche de ese día que los crímenes estaban ligados al narcotráfico. Pero en un comunicado, la PGJE no estableció es que uno de los cartelones señalaba que el doble asesinato era un mensaje para la ciudadanía de Coahuila, señalando directamente a los cuerpos policiacos, como los Groms y Gates.
La acusación
Ayer, en Coahuila, el procurador Homero Ramos Gloria aseveró que Martínez Bazaldúa y Zamora Gracia estaban ligados al crimen organizado.
“…las declaraciones que obran en el expediente Ministerial y las investigaciones relacionadas a los hechos, sí dan dos factores importantes: primero, que sí tenían relación de alguna manera con este grupo (Los Zetas) en alguna actividad, y dan positivo toxicológico, uno de ellos, y la referencias en declaraciones a los dos en el uso de tóxicos”, dijo en conferencia.
El funcionario también afirmó que una de las víctimas estuvo relacionada en un caso de robo de vehículo.
Ramos Gloria apuntó que estos señalamientos no son producto exclusivamente de los cartelones, sino también de declaraciones de familiares de los jóvenes.
“Las pruebas, tanto de cuestiones de declaraciones ministeriales, dan como evidencia que sí tenían participación tanto en actos corelacionados con una actividad delincuencial, como en el uso de enervantes y tóxicos”, expresó.
Recula
Por la noche, Ramos Gloria reconoció en entrevista con 24 HORAS que no cuentan con pruebas para incriminar al fotógrafo Daniel Alejandro Martínez con el crimen organizado. Sin embargo, es la única línea de investigación que sigue la institución.
El funcionario aceptó que no salió positivo en el examen toxicológico y sólo cuentan con un testimonio y reportes indirectos sobre su supuesta vinculación con el crimen organizado, como un informe de “investigaciones de inteligencia” de la policía municipal, en el que se asegura que Martínez vendía drogas en la Universidad.
Ante los cuestionamientos, Ramos Gloria reconoció que las investigaciones continúan y no “se han señalado hechos concluyentes”.
El editorial
Tras los crímenes, Vanguardia exigió a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo, de la cual se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.
“Sólo una investigación seria y profesional puede al final dar con la verdad que la sociedad se merece… por dura que ésta pudiera resultar para los familiares involucrados, como puede ser en este y cualquier otro caso”.
Condena SIP asesinato
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del fotógrafo y exigió a la autoridad estatal una investigación a fondo y lamentó que prácticamente de inmediato se haya involucrado el caso con el crimen organizado.
“Es una ligereza que sin realizar una mínima investigación de los hechos, las autoridades relacionen de inmediato el hecho como un ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La SIP señaló que desde 1989 en Coahuila continúan impunes el asesinato de cuatro periodistas y dos más desaparecidos.
Por su parte, la organización Freedom House solicitó al Gobierno de Coahuila y a la PGR investiguen con prontitud y eficacia estos crímenes para que se haga justicia y sus autores sean sentenciados.
Freedom House hizo criticó a las autoridades estatales, debido a que irresponsablemente han querido vincular a los jóvenes asesinados con el crimen organizado, sin aportar pruebas ni ofrecer explicaciones.
Según Freedom House, este es el tercer asesinato del año de un periodista en México, dentro de un amplio abanico de agresiones que se han registrado en estos cuatro meses.
“El Estado de Coahuila, y en especial la segunda ciudad del estado, Torreón, vive desde principio de año bajo una constante acción intimidatoria en contra de periodistas y medios de comunicación”.
Van cambios para proteger a periodistas
La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas al Código Penal Federal para que el Ministerio Público federal atraiga todas las agresiones contra periodistas.
Con 451 votos a favor y una abstención, se aprobó que estos ataques serán investigados por el MPF cuando existan indicios de que participó algún servidor público estatal o municipal.
Se precisa que esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa.
También cuando en la denuncia o querella, la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.
Otra circunstancia será cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real, y cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate.
La reforma establece que cuando se cometa un delito contra un periodista la pena aumentará hasta en un tercio de la establecida y cuando sean cometidos por un servidor público o la víctima sea una mujer, y concurran razones de género, la pena se elevará un 50%.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en los últimos años se han registrado 626 agresiones contra periodistas, más de 50 muertos y 11 reportados como desaparecidos.
Comments are closed.