El único cambio sustancial fue al Artículo 28, que abre la posibilidad de que concesionarios recurran al amparo
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue aprobada la noche de ayer en la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República para su consideración. En la discusión, los diputados avalaron la creación de un órgano autónomo responsable de otorgar o revocar las concesiones en el sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Aun con la creación de este instituto, se mantiene vigente la edición que realizó el Senado de la República respecto a que la Comisión Federal de Competencia (CFC) imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones a medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones.
También se aprobó que los órganos encargados de supervisar el sector de telecomunicaciones en el país estén obligados a presentar anualmente un programa de trabajo, rendir informes trimestrales y que sus titulares comparezcan ante el Congreso de la Unión.
En este sentido, se establece la posibilidad de que los comisionados del nuevo instituto “puedan ser removidos por causa grave, por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República”.
Además se avaló que la banda ancha de internet sea operada de manera conjunta entre el gobierno y la iniciativa privada.
El único cambio sustancial realizado por los diputados a la minuta enviada por el Senado de la República fue la modificación del Artículo 28, con respecto a amparos.
Los cambios al Artículo 28 constitucional abren la posibilidad de que concesionarios recurran al amparo para detener multas o sanciones que imponga la CFC.
En tribuna, los legisladores perredistas Purificación Carpinteyro y Fernando Belauzarán Méndez arengaron los cambios de vanguardia que contiene la reforma y se pronunciaron por no tocar la minuta que les remitió el Senado.
Finalmente los diputados modificaron la propuesta enviada por el Senado en lo referente al Artículo 28 constitucional, al agregar un párrafo en el que se dispone que la promoción de Juicios de Amparo sea tomada por jueces y tribunales especializados, reserva que presentó el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal García, tras lo cual el documento fue turnado a la Cámara Alta para su aval.
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