En el último año, 156 mil 681 celulares robados fueron cancelados para evitar la comisión de algún delito, en promedio unos 430 dispositivos al día fueron inhabilitados; para los dos primeros meses de este año, la cifra disminuyó en 22.8% al registrar 19 mil 301 de equipos robados, alrededor de unos 98 celulares al día.
Sin embargo, el delito de extorsión telefónica mantiene el nivel de su incidencia al registrar en promedio más de 10 mil denuncias de este delito cada mes a través de la Línea Ciudadana, así lo dio a conocer Luis Wertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
“Tristemente es un delito que desde la comodidad de su hogar lo pueden estar llevando a cabo los delincuentes porque no se exponen de ninguna manera, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de ver que no se expanda todavía más”, aseguró Zaslav.
Dichas cifras fueron dadas a conocer en el marco de la presentación de resultados del primer año de la mesa de trabajo del consejo referente al desarrollo de nuevas medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos.
En el evento, Wertman Zaslav subrayó que en coordinación con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), las acciones para reducir el robo de teléfonos móviles contemplan el coadyuvar con las autoridades en la investigaciones de delitos, prestar asesoría técnica, además de reuniones cada 15 días para mantener la comunicación y el compromiso de las partes involucradas en las mesas de trabajo.
Wertman Zaslav señaló que en los últimos 12 meses, las cuatro compañías que participan en las mesas de trabajo: Telcel, Movistar, Iusacell-Unefon, y Nextel recibieron 39 mil 956 oficios por parte de las autoridades de todo el país para colaborar en la investigación de posibles delito telefónicos.
Un tema pendiente en las mesas de trabajo, resulta la afectación de los ciudadanos que viven cerca de alguna prisión debido a que los bloqueadores de señal que impiden que los internos realicen llamadas, también afecten la comunicación entre las personas que viven en las inmediaciones del penal.
Al respecto, Zaslav aseveró que son aparatos que teóricamente son de diferentes tecnologías y probablemente ese es uno de los mayores retos que hoy se enfrentan, porque en el pasado no se consideraron que había que homologar o certificar qué y cómo deben ser instalados.