El rumbo del conflicto en la UNAM dio un vuelco con la salida del grupo de encapuchados que por 12 días mantuvo tomada la sede de Rectoría. Ambas partes tuvieron un “entendimiento”, dijo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Sé que hubo un entendimiento que seguramente el rector habrá de dar a conocer como corresponde”, dijo el funcionario, quien aseguró que a petición del propio José Narro el gobierno federal se mantuvo al margen de la situación.
La desocupación del inmueble se dio de manera inesperada ante las especulaciones sobre un eventual desalojo por parte de la fuerza policiaca, lo que contrastaba con la postura del rector, quien el martes por la mañana pidió “paciencia” para solucionar el conflicto e incluso adelantó que habría un anuncio el 2 de mayo.
Sin embargo, la misiva enviada por el abogado general de la UNAM, Raúl González Pérez, la noche del martes, muestra un cambio en el tono y la postura asumida por el rector y las autoridades en los días previos.
A diferencia de los dos primeros mensajes enviados a los inconformes, en el último no se menciona el tema de las denuncias penales levantadas en contra de los responsables de la toma del inmueble.
En el documento, el abogado manifiesta el “interés” de la institución para dialogar e incluso recuerda que “las personas que fueron motivo de sanción por parte del Tribunal Universitario, -el 24 de abril, dicho órgano universitario ratificó la expulsión definitiva de cinco alumnos del CCH Naucalpan, y sanciones para seis más por su participación en los enfrentamientos en ese plantel los días 1 y 5 de febrero- tienen garantizados sus derechos para imponer los recursos que la Legislación Universitaria prevé, así como otros recursos legales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación”.
Tras el mensaje, en las primeras horas de este miércoles, los encapuchados que sitiaron Rectoría desde el 19 de abril comenzaron a desalojar el inmueble de manera discreta.
Autoridades universitarias confirmaron que algunos de los inconformes dejaron el lugar durante la madrugada, mientras que el grupo más numeroso permaneció ahí y alrededor de las 7:30 horas comenzó a retirar las lonas y mantas que habían desplegado sobre los muros del edificio.
La decisión de dejar el inmueble, justificaron los propios inconformes, se tomó en respuesta a la misiva enviada horas antes por el abogado de la UNAM, en la que acordó la instalación de una mesa de diálogo el 9 de mayo a las 13:00 horas en la zona de Ciudad Universitaria conocida como Las Islas.
Al fijar horas después la postura de la UNAM, el rector dijo que “en ningún momento se ha ‘judicializado’ y menos criminalizado la protesta. Lo que las autoridades han hecho es denunciar la violencia, exigir con firmeza la desocupación de la Rectoría”. En su pronunciamiento del 22 de abril pasado había dicho que no se toleraría la impunidad y se actuaría a fondo.
Incluso los encapuchados dejaron de lado la exigencia a las autoridades de que se desistieran de las demandas en contra de los implicados en la toma. Ayer, aclararon que la ocupación fue en rechazo a la reforma al plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
La segunda ocasión que el abogado general se acercó a los estudiantes fue el miércoles 24 de mayo, un día después de que el Tribunal Universitario rectificara la expulsión definitiva de cinco alumnos del CCH Naucalpan y de que los encapuchados anunciaran un posible desalojo si se atendían sus demandas.
En aquella ocasión la respuesta de la UNAM fue contundente: “Se ha ampliado la denuncia penal y se ha solicitado al Ministerio Público actuar en contra de algunos de quienes han sido identificados como participantes en los hechos del 19 de abril y por la posible sustracción de bienes universitarios”.