El Instituto Federal Electoral (IFE) no es competente para ordenar la suspensión de los programas sociales y así evitar su influencia en procesos electorales, cuando mucho podría suspender la propaganda de los mismos, concluyó la Comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto.
Al abordar las quejas presentadas, de manera independiente, por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), derivadas de las grabaciones obtenidas en Veracruz, en las que se planea usar programas sociales con fines electorales, los consejeros de dicha comisión se negaron a otorgar las medidas cautelares que les solicitaron.
En sus escritos de queja, entregados a la Secretaría Ejecutiva del IFE, los partidos, además de solicitar que se investigue a los involucrados para deslindar las responsabilidades administrativas y legales a que haya lugar, pidieron como medida cautelar suspender las acciones relacionadas con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, ante las elecciones previstas para la primera semana de julio próximo.
El consejero Lorenzo Córdova ya había adelantado que antes de entrar a la discusión de fondo sobre ese punto, era necesario determinar si el IFE es competente para ordenar la suspensión de los programas sociales.
Este jueves la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió que no tienen competencia, pero la resolución final la deberá tomar el pleno del Consejo General del IFE en su sesión del próximo miércoles 8 de mayo, cuando se debata y vote el acuerdo de la comisión.
El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias señaló que en caso de considerarlo necesario, lo que se podría ordenar es la suspensión de la propaganda de los programas sociales gubernamentales, tal como se ha hecho con toda la propaganda gubernamental, respetando las excepciones que establece la ley.
Como la denuncia de los partidos involucra a una gran cantidad de personas, que incluye delegados federales, funcionarios del gobierno de Veracruz, y miembros del Partido Revolucionario Institucional, tal como se solicita, el IFE dará vista de los hechos denunciados a diversas dependencias federales y locales.
Entre ellas se cuentan la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y su equivalente estatal, las Unidades de Fiscalización de las autoridades electorales federal y local y la Contraloría General del propio IFE.