Luchar contra la impunidad, mejorar la investigación en casos de asesinato, fortalecer las bases de datos forenses, transferir casos militares a juzgados civiles y reforzar la independencia institucional, forman parte de las recomendaciones que el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, dio a México.
Dijo que desde la última visita de la Relatoría al país, en 1999, la situación con respecto al derecho a la vida se deterioró significativamente, a consecuencia de los niveles alarmantes de violencia y la lucha contra el narcotráfico, iniciada en 2007.
En la versión preliminar del informe sobre la visita del Relator a México se presentan 31 recomendaciones para la protección del derecho a la vida, dirigido a grupos vulnerables (mujeres, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos: niños y niñas, reclusos y miembros de LGTB).
Christof Heyns afirmó que desde que se comenzaron a desplegar efectivos militares para enfrentar a los cárteles, se produjeron un gran número de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, sin que exista una rendición de cuentas de los responsables, una investigación adecuada y la reparación a las víctimas, es decir, impunidad.
En estas condiciones, dijo, la impunidad es una violación del derecho a la vida por parte del Estado. Sólo entre el 1 y 2% de los crímenes llegan a ser condenados.
“Desde mi punto de vista, será importante disminuir la participación de los militares en labores policiacas; asegurar que cortes civiles juzguen a miembros de las fuerzas militares y establecer estándares claros y ampliamente conocidos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden público”, declaró Christof Heyns.
El relator detectó la falta, a nivel federal y estatal, de un marco legal coherente y amplio sobre el uso de la fuerza en casos de detenciones y manifestaciones, y que es necesaria una Ley General para que sea empleada cuando resulte estrictamente necesaria. Además de incluir los homicidios para que sea perseguido como relacionado con el crimen organizado.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el relator consideró preocupante que las autoridades no investiguen los casos de asesinato por considerar que las víctimas formaban parte del crimen organizado, por lo que pidió que no se estigmaticen las víctimas, además de pedir que no se haga ninguna declaración oficial por parte de autoridades sobre la legalidad de un asesinato hasta tener un conocimiento preciso de los hechos.
Además, México debe trabajar junto con los países de Centroamérica en el establecimiento de una base de datos compartida de huellas digitales, ADN, muestras genéticas y sobre personas cuyo paradero se desconoce, y garantizar que el feminicidio sea tipificado a nivel nacional.
En cuanto a los migrantes, sostuvo que es necesario crear un corredor seguro para lo que transitan en el país, proveer asistencia humanitaria y reparación a las víctimas de la violencia, además de adoptar una política en la que los indocumentados puedan denunciar crímenes y, así, evitar que el crimen organizado atente contra de ellos.
Comments are closed.