El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, rechazó que para lograr el desalojo de la Torre de Rectoría se planteara el desistimiento de la denuncia penal interpuesta contra los activistas que ilegalmente tomaron el inmueble. El tema -dijo- tampoco será materia de negociación en la mesa de diálogo que se instalará el 9 de mayo.
Aunque la denuncia fue ratificada y ampliada el pasado 24 de abril ante la PGR contra quienes resulten responsables, hasta el momento no se ha girado orden para aprehender a los responsables, algunos de los cuales han sido identificados.
Al respecto, González Pérez recordó en entrevista que es atribución del Ministerio Público calificar el delito por el cual se solicitarían las órdenes de aprehensión, “pero -dijo- es deplorable que haya gente ajena a la Universidad” en actividades violentas contra la máxima casa de estudios del país.
Para el jurista Raúl Carrancá y Rivas, en la toma del inmueble se cometieron los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, que incluso se persiguen de oficio, por lo cual el Ministerio Público incurrió en los delitos de omisión y abuso de autoridad al no haber actuado de inmediato ante la denuncia de la UNAM.
En entrevista con 24 HORAS, el también catedrático de la Facultad de Derecho señaló que de acuerdo con el Código Penal, por el delito de despojo la sanción es de tres meses a cinco años. Por lo que corresponde a la PGR la localización de los jóvenes y su presentación ante el Ministerio Público, quien está en posibilidades de pedir una orden de aprehensión.
En el caso de abuso de autoridad, el artículo 215 del Código Penal Federal señala que cuando la autoridad niega o retarda el servicio al que está obligado incurre en un delito, agregó.
La semana pasada, el comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón, dijo que la policía estaba lista para ingresar a Ciudad Universitaria a desalojar a los encapuchados, pero estaba esperando la orden. “Tiene razón, no podían ingresar sin orden de la procuraduría”.
Ante esta situación, el lunes pasado Carrancá y Rivas interpuso una demanda en contra de funcionarios del Ministerio Público que resulten responsables de estos delitos: en concreto, el director de Averiguaciones Previas, el procurador y los subprocuradores.
Ahora, el Ministerio Público tendrá la obligación de averiguar las omisiones de la autoridad y fincar responsabilidad contra los funcionarios. En este caso, los funcionarios que resulten culpables pueden pasar de uno a ocho años en la cárcel, dijo.
Sobre la expulsión de los cinco jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan por los hechos ocurridos en ese plantel a principios de noviembre, dijo que el Tribunal Universitario ratificó la resolución, por lo que sólo queda acatarla.