La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila desapareció formalmente, y con otro nombre dependerá de la Secretaría de Gobierno, indicó el diputado priista Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

 

“La Secretaría de Seguridad desaparece como tal y va a tener otro nombre; va a depender de la Secretaría de Gobierno, ese es el cambio en la Ley Orgánica, se trata de tener una unidad de mando y eso seguramente hace una posibilidad de que haya homogeneidad y mayor eficacia en los órdenes y en los resultados”, dijo.

 

Apuntó que para ello, se reformó el párrafo segundo, del Artículo 1; el último párrafo del artículo 20, se adicionan la fracción XIX del Artículo 20, las fracciones XXIII a LX y los dos últimos párrafos del Artículo 23, y se deroga la fracción XIV del Artículo 20.

 

Así como el artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 95.

 

Expuso que con dicha reforma todos los recursos humanos que pertenecen a la SSP serán reasignados a la Secretaría de Gobierno, y formarán parte de su plantilla de personal.

 

Señaló que los derechos laborales de los trabajadores, que con motivo de este decreto son transferidos, serán reconocidos íntegramente y se seguirá aplicando la normatividad de la materia, por lo que en ninguna forma resultarán afectados en los derechos que hayan adquirido en virtud de su relación laboral.

 

Se establece que los recursos financieros y materiales que la SSP tenga asignados para el ejercicio de sus atribuciones, se transfieren a la Secretaría de Gobierno, con la intervención de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dijo.

 

Los asuntos en trámite que por motivo del presente decreto deban pasar de la SSP a la Secretaría de Gobierno, permanecerán en el estado en que se encuentren hasta que los reciban, a excepción de los asuntos sujetos a plazos improrrogables, indicó Mendoza Berrueto.

 

El diputado local apuntó que en un término de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el titular de la Secretaría de Gobierno deberá remitir a la Consejería Jurídica los correspondientes anteproyectos de reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus nuevas atribuciones.