En los últimos 12 años, la Procuraduría General de la República gastó casi 180 millones de pesos en testigos protegidos. En promedio, cada uno costó entre 88 y 341 mil pesos por año. En 2000 eran apenas 27 y para 2012 la PGR ya debía cuidar a 65.
Estos testigos son los que se han utilizado para acusar y encarcelar a narcotraficantes y funcionarios, casos que luego se han caído por la falta de credibilidad en las declaraciones, como ocurrió con el ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano o el ex subsecretario de la defensa, Tomás Ángeles Dauahare.
Es decir, se han gastado millones de pesos en testigos colaboradores, generalmente delincuentes, cuyos dichos no se han podido comprobar.
Los datos oficiales de la PGR evidencian que la dependencia gastó 178 millones 261 mil 500 pesos en la manutención y protección de testigos de 2000 a 2012.
En 2000, la PGR contaba con 27 testigos colaboradores y en cada uno gastó en promedio 88 mil 201 pesos; en 2007, la PGR tuvo 50 testigos y derogó en cada uno 203 mil 787 pesos; para 2012; la PGR reportó 65 testigos y cada uno le costó 341 mil pesos.
El monto dado a conocer por la dependencia no incluye a aquellos que fueron “contratados” como una forma de ofrecer un salario permanente, por lo que aparecían, sin serlo, como agentes federales, asesores o peritos.
Durante el sexenio de Vicente Fox, de 2001 a 2006, la PGR gastó en números redondos 74 millones 530 mil pesos en testigos. Con Calderón, de 2007 a 2012, fueron 101 millones 332 mil pesos, casi 25% más.
Los gastos que se derogan en los testigos incluyen los servicios de seguridad, su alimentación, traslados y viajes, entre otros.
La Procuraduría señala en su información, revelada por una solicitud de transparencia, que sería un error sumar cada año el número de testigos para obtener un total, pues un mismo testigo se contabiliza de un año a otro mientras se encuentre dentro del programa.
Lo que si se aprecia es como el grupo se fue haciendo más grande. El año pasado, con Marisela Morales al frente de la PGR, se alcanzó la cifra más alta de testigos protegidos, casi el triple de los que había en 2000.
La Procuraduría decidió mantener bajo reserva la identidad de las personas que han intervenido en los casos y afirmó, en la solicitud de información, que la Subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no “tiene una estadística” de a qué organización pertenece cada uno, si se encuentran en el país o no y el desglose del gasto por concepto.
Fiascos
La utilización de los dichos de testigos colaboradores como único medio de prueba por parte de la PGR, sin otro sustento que corrobore sus dichos, ha derivado en la libertad de la mayoría de los acusados.
En la Operación Limpieza, por ejemplo, los ex funcionarios de mayor rango de la PGR y la Policía Federal detenidos y encarcelas cerca de 4 años, fueron absueltos por los jueces. El último fue el ex titular de SEIDO, Noé Ramírez Mandujano.
Más reciente fue el proceso en contra del ex general y ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, encarcelado el año pasado y liberado en abril pasado, luego de que la PGR tuvo que reconocer que no había evidencia que sustentara lo dicho por el testigo Jennifer.
Otros casos, como El Michoacanazo, con el aseguramiento de más de 30 alcaldes de Michoacán, o la detención del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, también se cayeron.
Aunque los testigos tienen nombre claves, en los proceso se ha revelado que los principales son ex delincuentes. Por ejemplo, Jennifer es Roberto López Nájera, un ex abogado de los Beltrán Leyva, o Mateo es el ex lugarteniente de la misma organización delictiva, Sergio Villarreal barragán, El Grande.
TESTIGOS PROTEGIDOS PGR
2000
Testigos: 27
Costo total: 2.39 mdp
Promedio c/u: 88 mil pesos
2007
Testigos: 50
Costo total: 10.91 mdp
Promedio c/u: 203 mil pesos
2012
Testigos: 65
Costo total: 22.17 mdp
Promedio c/u: 341 mil pesos
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