Un juramento de decir “la verdad” y ninguna otra prueba técnica o científica, le bastaron a la PGR para creer en la palabra de ex delincuentes convertidos en testigo colaboradores y acusar, con su testimonio, a militares de alto rango de colaborar con la delincuencia organizada.

 

Un documento de la PGR incluido en el expediente del caso, y firmado por el agente del Ministerio Público de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Jorge Francisco Rubio Salgado, evidencia cómo se valoró la veracidad de lo dicho por los testigos Jennifer y Mateo.

 

En dicho oficio, del que 24 HORAS tiene copia, el agente ministerial, responsable de haber tomado las declaraciones a los testigos, responde a cuestionamientos hechos por la defensa del general Roberto Dawe, uno de los militares acusados de colaborar con el crimen organizado.

 

Al ser cuestionado cómo se corroboró lo más elemental de una declaración, la identidad de los testigos, Rubio evidencia que toda la declaración se dio por cierta porque Jennifer y Mateo, quienes en realidad son Roberto López Nájera, El 19 y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, prometieron ser honestos.

 

“Es dable mencionar que las citadas declaraciones (de Jennifer y Mateo) fueron tomadas bajo protesta de decir verdad, por lo cual se tuvieron por ciertos los datos proporcionados por los mismos”, indicó la SIEDO sin mayores explicaciones.

 

En otro punto del informe, a la pregunta sobre los beneficios que recibieron los testigos protegidos por contribuir con información a la detención de personas vinculadas con el crimen organizado, como supuestamente eran los generales, el agente ministerial adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud sostiene que apenas se estaba revisando si fueron útiles.

 

“Se valoran los testimonios de estos (testigos protegidos) a fin de saber si han sido de ayuda eficaz a la investigación y persecución de miembros de la delincuencia organizada”, indicó el funcionario.

 

Es decir, la SIEDO utilizó los dichos de los ex narcotraficantes para detener, arraigar por más de dos meses y luego acusar ante un juez a los generales de colaborar con los Beltrán Leyva, y luego, ya con el proceso iniciado, sostuvo que la información se seguía valorando.

 

El año pasado, datos filtrados a la prensa revelaron que Rubio Salgado, quien respondió este informe, había permitido que se tomarán distintas declaraciones a Mateo para que corrigiera fechas que dio en las acusaciones contra los generales.

 

Los testimonios de los dos testigos protegidos fueron utilizados por la PGR para encarcelar a los generales Tomás Ángeles Dauahare, quien ya salió en libertad, así como Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas, y el Mayor Iván Reyna Muñoz, que siguen en prisión.

 

Piden más militares cierre del juicio

 

Buscando el mismo resultado que Ángeles, quien recobró su libertad luego de que la PGR reconoció que no tenía pruebas para sostener las acusaciones, los otro militares acusados en el mismo procedo solicitaron al juez federal que cierre el caos y se presenten conclusiones.

 

El abogado Fernando Capella, quien pertenece al equipo de defensa del general Dawe, subrayó en entrevista que  todo el grupo de militares está acusado con las mismas pruebas que resultaron insuficientes en el caso de Ángeles, por lo que dijo que no tiene caso alargar más el proceso.

 

El juez Tercero de Distrito del Estado de México comunicó a la PGR del cierre del procedimiento y solicitó las conclusiones correspondientes. Se prevé que a más tardar en junio se resuelva este caso.

 

Niegan que Nora sea testigo protegido

 

La subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, dijo que la ex encargada de la caja género del SNTE Nora Ugarte, no ha sido admitida aún en el programa de testigos protegidos de la dependencia, por lo que continúa como acusada junto  con Elba Esther Gordillo por desvío de recursos.

 

“La señora Nora Guadalupe todavía no, ella está consignada, tiene un auto de formal prisión y no se ha determinado aún su situación, si va a ser un testigo protegido o no”, indicó la funcionaria federal.

 

La subprocuradora señaló además que la PGR impugnó la solicitud de amparo interpuesta por Gordillo en contra del auto de formal prisión que se le dictó, al considerar que fue extemporáneo de acuerdo con la nueva legislación en la materia. La demanda será revisada por un tribunal.