Las quejas presentadas contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presunto desvío a su favor de programas sociales en el estado de Veracruz son improcedentes y por ello no serán investigadas, determinó el Instituto Federal Electoral (IFE).

 

En su sesión de ayer los consejeros no encontraron el delito invocado por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), lo cual originó reacciones de inconformidad por quienes llevaron el tema a ese órgano colegiado.

 

El representante del PAN, Rogelio Carbajal, acusó al IFE de no querer investigar el tema del uso de recursos públicos por el priismo para capitalizar en las votaciones de julio próximo y que involucran a funcionarios del Instituto Electoral en Veracruz.

 

“No sé qué sea lo más deleznable, si la frase del ex secretario de Veracruz, Pablo Anaya, la frase del presidente Enrique Peña Nieto a Rosario Robles o que este Instituto resuelva que no existe competencia para sancionar e investigar la utilización de recursos para favorecer a los candidatos en las elecciones en Veracruz”, declaró Carbajal.

 

Por el caso de uso de programas sociales, se ha separado de sus cargos a ocho funcionarios del estado de Veracruz y a otros siete federales.

 

En su sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral palomeó los cambios a los estatutos, programa de acción y declaración de principios que el PRI modificó en su pasada asamblea nacional realizada en marzo.

 

Con el visto bueno que dio el IFE, y para que sean vigentes, tendrán que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no haya impugnación.

 

Otro punto importante fue que de manera oficial se dio a conocer a los miembros del Consejo el contenido del llamado Libro Blanco, mismo que contiene el diagnóstico del proceso electoral federal de 2012, además de las propuestas de cambio constitucional y legal que a juicio del Instituto deberán contemplar los legisladores en la próxima reforma electoral.

 

El IFE indicó que este documento no considera la fiscalización de las campañas, dado que todavía está en curso la investigación del dinero utilizado por los partidos en el proceso electoral pasado.

 

Los consejeros subrayaron que cuando se conozca el dictamen de fiscalización, el Instituto realizará un anexo al documento con el tema de las auditorías a las campañas.

 

El presidente Leonardo Valdés destacó la importancia del Libro Blanco, ya que es trascendente que los legisladores conozcan las deficiencias electorales a las que se enfrenta el árbitro electoral, a fin de corregirlas y se pueda enriquecer la democracia.