Una vez más, la juez rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, deshechó la petición de Iván Barona, representante de BF International Mining Traders, de ser considerados como los únicos y potenciales inversionistas para el rescate de la aerolínea.
Lo anterior, debido a una serie de inconsistencias encontradas en los documentos expuestos por la empresa interesada y por el cumplimiento de los lineamientos anunciados en la convocatoria abierta a inversionistas nacional y extranjero para adquirir y capitalizar a la firma y sus filiales, lanzada en enero pasado.
“Es indudable que este juzgado federal, arriba a la conclusión de que deviene notoriamente frívola e improcedente, la solicitud del hoy promovente, relativa a que le sea reconocida la calidad de únicos inversionistas solventes y se les adjudique de forma definitiva las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, sociedad anónima de capital variable y sus filiales controladas”, expone la juez.
En un acuerdo publicado a través del Consejo de la Judicatura, refiere que el 11 de abril pasado, la empresa Uni-Battery and Solar Power, por conducto de José Enrique Pérez Rodríguez, en su calidad de “el asociado” junto con Barona, acordaron ejercer diversos proyectos de inversión a través de una carta de crédito verificable por 500 millones de euros.
De esos recursos, abunda, 300 millones de euros serían destinados para financiar el reinicio de operaciones de Compañía Mexicana de Aviación y sus filiales; dicho documento se encuentra a disposición del juzgado, previo requerimiento del mismo, a efecto de realizar la certificación correspondiente.
Señala que bajo este panorama, las personas mencionadas solicitaron ser considerados como inversionistas solventes y se les adjudique de forma definitiva las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, tenedora de las acciones de las aerolíneas señaladas.
“En cuanto a la solicitud formulada, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en atención a que con apego a la denominada convocatoria abierta (.) por lo que suponer lo contrario atentaría contra la congruencia con que este juzgado federal dicta sus determinaciones y por ende, impactaría contra la seguridad jurídica de las parte”, precisa.
No obstante, aclara la juez, en el supuesto de que la petición del Iván Barona hubiera sido formulada una vez concluida la fase procesal antes descrita, sería improcedente, dado que ni aun con la documentación presentada se efectuó una serie de declaraciones, las cuales adolecen de distintas inconsistencias.
Entre ellas, la traducción al idioma español de diversos documentos, entre los que se encuentra una copia simple de un documento denominado International Bill of Exchange (Iboe) por cinco mil millones de dólares, así como que sin probar la existencia y la disponibilidad de 100 millones de dólares, solicitaban que dicha autoridad declara valido lo anteriormente expuesto, agrega la funcionaria judicial.