La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cedió a la presión del mercado cambiario ilegal e impulsó un polémico plan de “amnistía fiscal” a personas que evadieron miles de millones de dólares.
El plan, que ya comenzó a ser discutido en el Congreso, implica la creación de un Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade), el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico (PADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin).
Con estos bonos, el gobierno argentino pretende que los ahorristas transparenten e inviertan sus dólares, en especial en el sector inmobiliario y el energético.
Estimaciones oficiales indicaron que los argentinos tienen guardados 40 mil millones de dólares “en negro” dentro del país, y entre 120 mil y 160 mil millones de dólares en distintas plazas financieras internacionales.
El principal cuestionamiento hacia el “megablanqueo” es que quienes se sumen al programa no tendrán que pagar impuesto alguno ni recibirán sanciones penales por haber atesorado dólares de manera irregular.
Una encuesta publicada este sábado en el portal del diario Perfil mostró que 67.7 % de los ciudadanos rechaza el plan porque genera una sensación de injusticia en quienes pagan siempre sus impuestos.
Además, según el sondeo, el proyecto no será exitoso, ya que dos de cada tres personas con ahorros “en negro” advirtieron que los mantendrán fuera del sistema porque no confían en el gobierno.
Durante las últimas dos semanas, la diferencia entre el dólar que se vende en el mercado negro y el oficial se amplió de manera acelerada hasta duplicarse en el país sudamericano, lo que complicó las cuentas locales.
El gobierno trató de minimizar el impacto de la existencia de un mercado paralelo del dólar, por lo que los funcionarios dijeron una y otra vez que se trataba de un pequeño sector de ahorristas, pero que de ninguna manera se modificarían las políticas económicas.
Sin embargo, el pasado fin de semana el dólar ilegal superó la barrera de los 10 pesos argentinos, mientras que la divisa oficial que se vende en bancos y casas de cambio se mantuvo en un precio de 5.2 pesos.
El lunes pasado, la presidenta Fernández descartó una devaluación y advirtió que mientras ella gobierne “los que pretenden ganar plata” a costa de una alza abrupta del dólar en el mercado legal “van a tener que esperar”.
Pasaron menos de 24 horas para que el gabinete económico en pleno ofreciera una inédita rueda de prensa y presentara un proyecto para blanquear, mediante inversiones en bonos, miles de millones de dólares que permanecen fuera del circuito legal.