Las discusiones entre procuradores del país para lograr un Código Penal único se toparon con un problema que ha puesto en riesgo su creación, no aceptan que se unifique la pena que recibe cada delitos y que ésta se imponga en todo el país.
Los funcionarios coincidieron en sus sesiones de trabajo que la imposición de una misma pena específica a nivel nacional atenta contra la soberanía que poseen los estados para castigar un delito de acuerdo con su propio contexto social.
Ante el desacuerdo, los procuradores trabajan ahora en establecer una ley general penal, con un parámetro que fije el mínimo y el máximo de años de cárcel a los que puede ser sentenciada una persona, y a partir de ahí cada entidad legislará sobre las sanciones que considere adecuadas.

 

En entrevista con 24 HORAS el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Procuradores, Jorge Nader Kuri, señaló también que el consenso entre los procuradores es que no se puede legislar desde el Congreso de la Unión el impacto que puede tener un delito, y por lo tanto su castigo, sin tomar en cuenta la realidad de cada estado.

 

“Cada sociedad, es decir cada estado, tiene que tener a salvo la posibilidad de determinar los casos de mayor gravedad en su propia comunidad y cuáles son las penas con lo que se va a sancionar”, indicó.

 

Como ejemplo puso que el delito de robo de ganado (abigeato) cuyo impacto es distinto en Sonora, donde puede afectar a la economía de la entidad y por lo tanto se le debe castigar con severidad, a que si ocurre en el Distrito Federal, donde su efecto es menor.

 

“Lo que sostenemos es que cada estado tenga la atribución de determinar sus propios delitos y penas dentro de esos mínimos y máximos. Así se fortalece la soberanía y al principio de estricto necesidad en los estados”, indicó.

 

Esto no implica, señaló Nader, que haya delitos que no se sancione en un estado y en otros si, como llega a ocurrir actualmente. “El robo es robo en todos lados, la trata y violaciones con distintas denominaciones pero son ilícitos en todos lados, la deferencia es de matices”, afirmó.

 

El funcionario explicó que la ley general penal que se busca alcanzar  sería un documento guía, que incluiría no solo un rango de sanciones para un ilícito, sino también  teoría del delito, y la definición de cuando se comete, quienes son los probables responsables, como se establece la reparación del daño, entre otros.

 

Lo que sí se logrará concretar en breve, explicó Nader, es la aprobación de un Código Único de Procedimientos Penales, el cual permitirá tanto a la federación como a los estados establecer los mecanismos de sometimiento a juicio en el marco del nuevo sistema penal.

 

Las procuradurías además trabajan en la definición de protocolos y la capacitación de funcionarios para agilizar la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

 

Urge homogeneidad legislativa

 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, urgió a la implementación ordenada, uniforme, sistemática, y congruente, y sobre todo, respetuosa de los Derechos Humanos, a través de la emisión del Código Procesal único.

 

Con ello, dijo, se haría realidad la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 y redefinirá los contenidos del debido proceso penal y que permitirá dotar de certidumbre y seguridad jurídicas a sus habitantes.

 

“La existencia de 78 legislaciones en materia penal en el sistema jurídico mexicano ha permitido advertir las inconsistencias e incluso dispersión en el establecimiento de los tipos penales, de su punición, de su integración normativa, objetiva y subjetiva, la delimitación de los principios, sujetos y figuras procesales, de las modalidades y gravedad de los delitos, y como consecuencia, la generación de criterios jurisprudenciales contradictorios, entre otras advertencias que denotan la falta de homogeneidad legislativa” expresó el ministro.