Petróleos Mexicanos (Pemex) acusó a su ex director jurídico, el panista César Nava Vázquez, de impedir el cobro de un cheque por 102 millones de dólares como parte de un esquema para defraudar a la empresa.
Al respecto, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, señaló que si bien se trata de filtraciones que deben ser investigadas, pero “no ameritan ningún pronunciamiento del partido”.
Se pronunció por ahondar en la investigaciones para deslindar responsabilidad en torno a la denuncia contra el ex presidente de ese partido y señaló que hay fechas que no coinciden entre las que se cometió el presunto delito y la gestión de Nava como abogado.
El PAN, agregó, “siempre estará por la transparencia y porque en este tipo de procesos se puedan tener las pruebas y la defensa por el otro lado”. Hasta el momento lo único que hay son filtraciones, que en todo caso es necesario investigar.
En la información, agregó, hay inconsistencias como en las fechas y alertó que esto podría ser parte de una campaña dentro del proceso electoral en 14 entidades del país.
La mención a Nava Vázquez forma parte de la ampliación de una demanda que Pemex interpuso en diciembre pasado en una corte de Nueva York contra SK Engineering y Siemens, acusadas de cometer un supuesto fraude por 182 millones de dólares mediante la empresa Conproca.
“César Nava Vázquez, director jurídico de Pemex, impidió que Pemex recibiera 102.8 millones de dólares como compensación por las violaciones al contrato de Conproca”, asentó la ampliación de la demanda, ingresada la semana pasada a la corte.
Las supuestas violaciones de Conproca fueron por retrasos en el cumplimiento del contrato durante su participación en el Proyecto Cadereyta.
La demanda explicó que la empleada Lucía Munive viajó en 2002 a Japón a fin de cobrar cheques para Pemex, pero que fue interceptada en el aeropuerto de Corea del Sur por un mensajero que le dijo tener “nuevas instrucciones de Nava Vazquez”.
La indicación era “no cobrar las letras de crédito. De hecho, Munive fue informada que si procedía en su intento de presentar las letras de crédito, no sólo sería despedida, sino procesada criminalmente”, según el documento de la corte.
La demanda acusa también a otros ex funcionarios de Pemex de haber aprobado el pago de “varios recibos fraudulentos”.
Estos fueron identificados como Eduardo Vargas Cabrera, Máximo Téllez Rosas y Luis Enrique Bouchot, quienes fueron vetados de trabajar en el sector público debido a las irregularidades.
El documento de la corte también mencionó al empresario Jaime Federcio Said Camil Garza, quien era quien aparentemente canalizaba los sobornos a los funcionarios de Pemex, y a otros empleados de la paraestatal que no son identificados por su nombre.