Han transcurrido 19 días desde aquel viernes 26 de abril cuando Andrea Benítez González, la hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, mandó a personal del organismo público a clausurar un restaurante en la Ciudad de México, simplemente porque le dio la gana.

 

Y no se trata en sí del capricho de la jovencita, hija de Humberto Benítez Treviño, titular de Profeco, sino de cómo un organismo público que se ostenta como defensor de los consumidores es usado precisamente para atropellar a los ciudadanos a través del uso abusivo y prepotente de los recursos públicos.

 

Durante todo este tiempo, la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno ante los reclamos ciudadanos a través de las redes sociales fue la de apostar a la estrategia del olvido. Ante la publicación el domingo 28 de abril del caso en la prensa nacional y la masiva difusión del rechazo generalizado en las redes sociales -ese día hubo 42 mil menciones en Twitter al caso #LadyProfeco- esa noche la Secretaría de Economía publicó un comunicado señalando que Peña Nieto había ordenado a la Secretaría de la Función Pública abrir una investigación. Como en un juego de ajedrez, una hora después Benítez Treviño pidió disculpas a través de un mensaje de Twitter, aunque su difusión sólo causó mayor malestar en los internautas.

 

Y cómo no, si a la jovencita Andrea le tomó apenas un par de horas movilizar a los agentes de Profeco para cumplir su capricho y realizar la clausura, mientras que los altos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública tardaron 11 días en realizar una “investigación” que concluyó en la absolución del titular de Profeco y la suspensión temporal -no sabemos por cuánto tiempo- de cuatro de sus funcionarios.

 

Ese mismo día, en conferencia de prensa Benítez Treviño se escudó en “que no ordenó ni autorizó la realización del operativo”. Que nada tuvo que ver y que nunca pensó en renunciar. Nada dijo acerca de cómo su hija tiene la autoridad y los mecanismos para mover a funcionarios de alto rango de la Procuraduría, sin que él como titular esté siquiera enterado.

 

Si como papá ha sido un fracaso, es su asunto; pero aquí se trata de los recursos públicos -humanos y materiales- que han sido puestos bajo su responsabilidad y de los que debe dar cuenta. No hay excusa con un “no estuve enterado”.

 

Antes de que llegara Benítez Treviño a la Profeco, ésta ya era una institución desgastada y con escasa confianza y credibilidad de los consumidores. Un organismo de regulación y supervisión débil con escaso respeto por parte de los grandes regulados y con una extendida fama de corrupción en sus delegaciones. Sus resultados para los atribulados consumidores han dejado mucho que desear.

 

Si Benítez Treviño quiso enderezar ese barco ganando a pulso la confianza de los consumidores, basada en una administración honesta y alejada de la prepotencia de antaño, esa intención ya se fue al caño.

 

Su hija y él hicieron pedazos ese mensaje que ya no es creíble en un organismo que tiene su cimiento en la confianza ciudadana. Su renuncia traerá alivio a una Profeco urgida de ser renovada a fondo, que es lo que más importa, pero también dejará de estorbar a un gobierno que parece estar tatuado con el “modus vivendi” del viejo PRI.

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