LA HABANA. Los casos de corrupción e ilegalidades en áreas como la distribución de combustible, los negocios con capital extranjero o la aplicación de la justicia preocupan al gobierno cubano que intensificará sus acciones para combatir estas irregularidades.
Esos temas se analizaron en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes y de la que se informó este lunes, donde el presidente Raúl Castro resaltó que “la gran batalla” que libra el país es contra “las limitaciones y deficiencias” propias en todos los sectores.
“Los errores, generalmente conducen a pérdidas millonarias a la economía”, indicó y llamó a evitar “el derroche de recursos”, pues el ahorro constituye la principal fuente de ingresos que tiene la economía de la isla.
En esa reunión se analizaron casos de ilegalidades en diversos sectores como el área de comercio exterior e inversión extranjera, donde el titular de esta cartera, Rodrigo Malmierca presentó un informe sobre irregularidades detectadas en el funcionamiento de negocios con capital extranjero y contratos internacionales que afectan la economía del país.
Entre las principales causas y condiciones que han propiciado esos hechos citó el “poco rigor, control y exigencia” a lo largo del negocio, así como la “conducta y actitud” de directivos y funcionarios implicados, ya sea “por desconocimiento, incapacidad o violaciones éticas”.
El gobierno cubano también admite irregularidades y delitos en la comercialización de combustibles, donde las principales sustracciones se producen en refinerías, bases de transporte y gasolineras, por “deficiente control” sobre los carburantes y la carencia de instrumentos de medición o la utilización de éstos sin la certificación requerida.
Según el ministro de Economía, Adel Yzquierdo, “la alta demanda” y “las ganancias” que genera este tráfico ilegal provocan “el asedio permanente” a los empleados del sector por parte de personas que “venden el combustible hasta en un 60 por ciento por debajo de los precios oficiales”.
Para combatir esa situación se prevén medidas como la capitalización tecnológica de los sistemas de recepción, almacenaje y distribución de combustible, la verificación de los sistemas de medición, el uso de GPS y la evaluación de una propuesta para la venta de combustible a los trabajadores particulares, sin incrementar las tarifas de transporte para la población.
Señaló que existen 30 cuerpos de inspección, con más de 15 mil inspectores, algunos de los cuales no cuentan con la preparación y profesionalidad requeridas, lo que a su juicio ha facilitado que ocurran “reiterados casos de corrupción”.
También consideró “escasa” la aplicación y ejecución de medidas “más ejemplarizantes”.
El vicepresidente Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de las reformas económicas puestas en marcha por el gobierno explicó que esos mercados mayoristas funcionarán bajo dos modalidades: administrados por el Estado y gestionados por cooperativas agropecuarias.
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