La sociedad civil es la que más participación tiene en la creación, aplicación y modificación de las políticas públicas de alimentación en Brasil y trabaja de la mano con la Presidencia, explicó Fabio da Silva, asesor del Ministerio de Salud de la nación sudamericana.

 

Esta participación ha permitido aplicar el programa Hambre Cero (Fome Zero) para combatir la pobreza alimentaria en la nación, sin el apoyo de las grandes empresas trasnacionales de alimentos, al mismo tiempo que se respeta el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y tradicional.

 

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Conesa) de Brasil fue creado en 2003 y está compuesto por 36 representantes de la sociedad civil, una persona perteneciente a la industria alimentaria y nueve ministros del gobierno federal, quienes trabajan directamente con la Presidencia de la República de Brasil.

 

La presidencia de este consejo está a cargo de la sociedad civil, mientras  que la secretaría general es dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre. Su principal objetivo es formular políticas y establecer las directrices de seguridad alimentaria y nutricional.

 

En entrevista con 24 HORAS, Fabio da Silva indicó que la composición de este consejo permitió al gobierno brasileño construir un modelo de participación social que permite a la sociedad civil manifestar sus intereses, preocupaciones o presionar al gobierno para otorgar el derecho a la alimentación.

 

“No se pueden simplemente donar alimentos (…) Las personas requieren alimentos, pero que no violen su derecho, por eso deben considerarse otros aspectos, como la cultura de los pueblos, el ambiente y la producción de los alimentos por regiones”, expuso.

 

En México, a pesar de que la Cruzada contra el Hambre está basada en el programa brasileño, sucede lo contrario: las empresas trasnacionales son mayoría, por lo cual ha recibido severas críticas.

 

Los integrantes del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre son fundaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan con empresas como Cinépolis, Pepsico, Telmex y Un Kilo de Ayuda.

 

Al respecto, Da Silva aplaudió que organizaciones como la Alianza Alimentaria por la Salud tengan muy claro que “las empresas no ayudarán a avanzar en la Cruzada y tampoco van a garantizar el derecho humano de la alimentación”.

 

OPS: Empresas de alimentos presionan a países de AL

 

Enrique Jacoby, asesor regional sobre alimentación saludable y vida activa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que los esfuerzos de países de América Latina por regular el consumo de alimentos procesados han tenido poco éxito debido a las presiones de las empresas.

 

No obstante, el funcionario desestimó dichas advertencias. Si las empresas de alimentos procesados abandonaran sus inversiones en América Latina, a largo plazo los gobiernos se ahorrarían en el sistema de salud hasta 10 veces lo que dejan en impuesto las trasnacionales.

 

Explicó que ocho gobiernos de la región -Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y México-, han intentado regular la venta, el etiquetado y la publicidad de la comida procesada y la llamada “chatarra” sin mucho éxito, por las presiones y amenazas de las grandes empresas.

 

“Si la idea de la industria es me voy, te saco la lengua, me molesto, va a ser un ahorro tremendo para nuestros países. Si se van, chao”, afirmó Jacoby.

 

Por su parte, Frank Chaloupka, director del Instituto para las Políticas y la Investigación en Salud de la Universidad de Illinois, resaltó que las empresas no abandonarán sus inversiones en AL, por lo que los gobiernos deben trabajar en políticas fiscales que regulen la venta de los alimentos poco nutritivos y en las que apenas están empezando a trabajar los gobiernos.