La meta más crítica que enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto es lograr que la violencia originada por el crimen organizado y los cárteles de la droga se vuelvan un problema de seguridad pública y que deje de ser un asunto de seguridad nacional.

 

De acuerdo con un análisis de la firma de seguridad estadunidense Stratfor, la estrategia de Peña Nieto en cuanto al combate a la delincuencia organizada ha sido un tema muy discutido, incluso antes de que fuera electo como presidente.

 

El documento sostiene que la idea de que el presidente de México buscaría negociar con los cárteles para bajar los índices de violencia fue un rumor recurrente “dado el acuerdo que había existido por muchos años entre los miembros del PRI y algunos narcotraficantes durante los años que este partido gobernó”, sin embargo, cita, “México vive una realidad muy distinta desde el año 2000, lo que haría imposible a Peña Nieto, llegar a cualquier acuerdo con los cárteles, aún cuando lo intentara”.

 

Aún así, el rumor acerca de la búsqueda de un acuerdo entre su gobierno y por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sigue vigente, aún después de la detención del suegro de este, Inés Coronel Barrera,  el pasado abril.

 

De hecho, asegura el documento, persiste una confusión en Estados Unidos acerca de la estrategia de seguridad que Peña Nieto está tomando, aunque esto no significa que la cooperación entre ambos países vaya a cambiar drásticamente.

 

El análisis también hace referencia al hecho de que durante la década pasada, aunque la violencia se ha incrementado y sometido al país, la economía ha registrado repuntes significativos. “La economía estaría aún mejor si los potenciales inversionistas no estuvieran preocupados por la violencia de los cárteles y los índices de criminalidad, y si estos no tuvieran tanto impacto en los negocios que operan en México”.

 

“Debido a esto, la administración de Peña Nieto considera que es crítico reducir los niveles de violencia en el país. En esencia  quiere transformar el asunto de los cárteles en un problema de seguridad pública controlado por el secretario de gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y por la policía federal, más que como un problema de seguridad nacional coordinado por el ejército o el Cisen”.

 

En muchos niveles, asegura, el gobierno federal quiere seguir el modelo del gobierno de Colombia, el cual nunca pudo parar el tráfico de drogas en su territorio pero logró detener el poder de los cárteles de Medellin y Cali.