La despenalización del consumo de drogas como mariguana debe ser considerada como parte de las estrategias para confrontar este problema, indicó un informe preparado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 

“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”, apuntó el documento, que parece reconocer el fracaso del enfoque policíaco hacia los usuarios con la que la mayoría de los países en el hemisferio continúan tratando el problema.

 

“Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”, se precisa.

 

El informe, el primero de su tipo elaborado por la organización hemisférica, constituye una “radiografía” del problema de las drogas en las Américas, a decir de Hugo de Zela, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

 

“Es un diagnóstico, pero no contiene recetas”, dijo de Zela en un encuentro previo con periodistas, explicando que el propósito es impulsar un diálogo político al más alto nivel que derive en mejores políticas para hacer frente a este problema.

 

Este viernes Insulza entregó en Bogotá el informe al presidente colombiano Juan Manuel Santos, en su carácter de presidente saliente del Grupo de Cumbre de las Américas, en anticipación a su presentación pública el próximo lunes en esta capital.

 

El informe fue elaborado por la OEA durante el último año, atendiendo el mandato adoptado durante la pasada Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2012 en Cartagena, en Colombia.

 

A diferencia de otros informes gubernamentales, este incluyó entre sus consideraciones la legalización del consumo de drogas como la mariguana, un movimiento que ha venido ganando fuerza aún entre algunos gobiernos.

 

En su segunda parte, donde se analizó el impacto del problema a partir de cuatro potenciales escenarios, el informe abordó con más amplitud la legalización bajo una estimación de que los actuales regímenes de sanciones a los usuarios de las drogas “están causando demasiado daño”.

 

“En consecuencia, se decide probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciado con la cannabis”, señaló.

 

Los retos de este escenario, apuntó, “serían aquellos que deriven de la gestión de riesgos de la experimentación, especialmente en lo que concierne a la transición de mercados criminales hacia mercados regulados”.

 

El informe pareció explicar las diferencias en las actitudes que existen sobre el problema entre los países de la región, a partir de su impacto.

 

“El impacto en la economía, las relaciones sociales, la seguridad y la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito situados en América del Sur, América Central, México y el caribe”, señaló en otras de sus partes.

 

En contraste, hizo notar que “en los países de Norteamérica, que son los principales lugares de destino final de las sustancias traficadas, “esas manifestaciones del problema son mucho menores”.

 

Sobre los elevados índices de violencia asociados al narcotráfico, el informe indicó que ello es consecuencia de la fata del estado de derecho, sumado a la impunidad y corrupción, por lo que estima que parte del énfasis debe estar orientado a castigar de forma efectiva estos crímenes.

 

“La certeza del castigo es un disuasivo mucho más eficaz que la magnitud de las penas”, indicó.