La Ley Nacional de Planeación establece que es responsabilidad del Presidente conducir la planeación del desarrollo del país con la participación democrática de los grupos sociales, y para ello, deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como lo establece el artículo 26 de la Constitución. Así, el PND tiene como fin establecer los objetivos, las estrategias y las prioridades que la administración en turno deberá convertir en acciones de gobierno. Estas acciones son informadas de manera trimestral a los órganos legislativos y una vez al año el Presidente, al entregar por escrito su informe de gobierno, informa el estado que guarda la nación. Este proceso se volvió burocrático y político y al final del día nadie revisó y contrastó lo planteado por la administración pasada y los avances que había.
Al empezar una nueva administración es importante que se dé un seguimiento puntual a lo que el gobierno informa para poder evaluar la política pública y contar con una asignación más eficiente de los recursos, los cuales son parte de nuestros impuestos. El documento presentado el día de ayer por el presidente Peña Nieto hace énfasis en la productividad y cómo el país debe tomar acciones encaminadas a aumentarla.
Uno de los factores que inhibe la productividad es la falta de un Estado de Derecho, y esto lo podemos cuantificar. De acuerdo con diferentes estimaciones, el costo de la corrupción en el país oscila entre 1% y 2% del PIB, más el costo de la inseguridad y la violencia que se encuentra en el mismo porcentaje. Si consideramos que el PIB per cápita el año pasado fue de 11 mil 114 dólares y el número de habitantes en el país es de 115 millones de personas, podríamos asumir que al año, en promedio, cada mexicano ejerce un gasto de 444 dólares en corrupción y en gastos asociados a la inseguridad. En total, esto sumaría un estimado de 51 billones de dólares al año. Paradójicamente, esta cifra es mayor al presupuesto que se gasta en el país en materia de procuración de justicia.
Es por eso que el primer eje es de fundamental importancia, así como el seguimiento que se tenga de los rubros de seguridad nacional, seguridad pública y derechos humanos. Se entiende que estos temas serán desarrollados a profundidad en los planes sectoriales, pero en el PND se ve una tendencia hacia la cual va encaminada la política pública. En el rubro de seguridad nacional se amplían los temas que se pretende abordar, una tendencia que se sigue en otros países también y va acorde a un Estado moderno. Para atender esta visión integral se requieren inversiones tanto en tecnología como en capital humano. Los temas propuestos son justicia e inclusión social, combate a la pobreza, educación con calidad, prevención y atención de enfermedades, equilibrio ecológico y protección al ambiente, promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación. Y se pretende atenderlos mediante la consolidación del Sistema de Seguridad Nacional. Para ello, es importante que se asigne mayor presupuesto, pero que el seguimiento sea más estricto por parte de los órganos bicamerales en el poder legislativo. A su vez, se requiere que estos órganos de supervisión hagan una labor profesional y con visión de Estado y no partidista. Otro punto importante será el andamiaje jurídico para llevar a cabo estas labores, empezando por un reglamento interno para el CISEN, el cual tiene sus facultades descritas en la Ley de Seguridad Nacional pero carece de una normativa propia.
En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas de México, se perfilan cambios en el marco jurídico para poner en blanco y negro el papel que hoy realizan el Ejército y Marina de México para que otorgue certeza a la actuación de los elementos castrenses y refuerce el respeto a los derechos humanos en estas instituciones. Otra iniciativa que se vislumbra es la asignación de un mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas. Esto es de vital importancia, dado que México es de los países con menor gasto en este rubro en comparación con otros ejércitos en América Latina. En cuanto a la Marina, el país carece de una infraestructura competitiva para proteger los litorales.
El Presidente a través de una propuesta política que es el Pacto por México ya marcó el rumbo de las iniciativas estructurales. Ayer acaba de presentar el camino que pretende seguir su administración. Ahora es nuestra responsabilidad darle seguimiento a estas acciones para aumentar la productividad.