BUENOS AIRES. Una jueza procesó el martes a tres ex directivos de la filial en Argentina de la automotriz estadounidense Ford por su presunta responsabilidad en los secuestros de 24 trabajadores durante la última dictadura militar.

 

Los procesados sin prisión preventiva son Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, todos ellos mayores de 80 años, según un fallo dictado por Alicia Vence, jueza de la localidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires. El primero de los imputados es de nacionalidad checa y los otros dos son argentinos.

 

En la causa judicial se investiga la presunta participación de los acusados en las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas sufridas por 24 obreros de la planta de Ford Motors Argentina en la localidad bonaerense de General Pacheco entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976, durante los primeros meses del régimen militar (1976-1983).

 

Ante la consulta de AP, Ford Argentina comentó a través de un mail que está al tanto de la investigación, pero aclaró que “no es parte del caso”.

 

Agregó que la compañía “siempre mantuvo una actitud abierta y de colaboración con las autoridades y proveerá toda la información disponible que sea requerida para clarificar la situación”.

 

La jueza ordenó trabar embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir cada uno la suma de 750 mil pesos argentinos (unos 142 mil dólares). Los tres ex directivos de la planta automotriz gozarán de libertad provisional mientras no se ausenten de su domicilio por más de 24 horas y comparezcan cada mes ante la policía federal, según el fallo que fue difundido por la página de internet del Poder Judicial.

 

Müller, quien se desempeñaba como gerente de Manufactura; Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales, y Sibilla, antiguo responsable de Seguridad, están acusados de “haber arbitrado los medios necesarios” para señalar a 24 delegados sindicales y empleados de la empresa Ford Motors Argentina ante el personal militar.

 

Los acusados pretendían supuestamente ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa, señaló el fallo judicial que consideró que los secuestros y torturas perpetrados fueron delitos de lesa humanidad y por ello imprescriptibles.

 

Los procesados están acusados de haber facilitado a los militares los datos personales de cada uno de los empleados junto a sus fotografías y domicilios particulares. También de haber permitido que se montara un centro de detención en el campo de deportes situado en el predio de esa fábrica para que los detenidos fueran interrogados.

 

Allí los trabajadores “fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, señaló el fallo.

 

En la fábrica de Ford en General Pacheco –a unos 32 kilómetros al norte de la capital argentina– trabajaban unos 5 mil obreros. Allí se producía el modelo Falcon, vehículo que se convirtió en símbolo de la represión porque se utilizaba en los operativos en los que la policía capturaba y trasladaba a sus víctimas.

 

La resolución judicial también sostuvo que la violación de los derechos humanos no es “patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos”.

 

Según el fallo, el ex presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también tendría que haber sido imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.

 

Pedro Troiani, uno de los obreros secuestrados, dijo que las autoridades de Ford recibieron con beneplácito el golpe militar de 1976. “Algunos fuimos secuestrados por las fuerzas de seguridad en el interior de la fábrica y trasladados a un precario centro clandestino de detención ubicado en la zona del campo de deportes de la fábrica… Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas”, señaló Troiani en declaraciones difundidas por medios de prensa.

 

En la dictadura se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos como secuestros, torturas y la desaparición de unas 13 mil personas, según datos oficiales. Los organismos de derechos humanos, en tanto, dan cuenta de 30 mil desapariciones. En los últimos años se han agilizado los juicios contra ex represores que habían quedado estancados por indultos y leyes de amnistía dictados en los años 80 y 90, que posteriormente fueron anulados.