Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en su informe sobre Derechos Humanos en 2012 que las autoridades de México siguieron ignorando “indicios fehacientes” de “violaciones generalizadas” de esos derechos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
Al precisar tales excesos AI cita “detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas”.
Según el informe, “durante los seis años de (Felipe) Calderón en la presidencia más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas por la violencia asociada a las drogas”.
Al referirse a la seguridad pública, AI dice que miembros de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales “fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”.
El gobierno anterior “se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada por lo que el resarcimiento” a las víctimas “era escaso o inexistente”.
Los carteles de la droga y otras bandas delictivas, agrega, “fueron responsables de la mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos”.
Respecto a la administración de Justicia añade que el “sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes”.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia “dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar”.
AI destaca que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “firmó un pacto con otros partidos políticos, que incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos y se comprometió a luchar” contra los altos índices de pobreza.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “recibió mil 921 denuncias contra las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal”. Según el informe, “sólo ocho militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.”
Además, “se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, tortura y malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios”. La CNDH recibió mil 662 denuncias de este tipo durante el año.
El texto cita detalladamente casos de excesos por parte de los agentes públicos.
Amnistía cita un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que indicó que durante el gobierno anterior “se había tenido noticia de al menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país”.
La “mayoría de esos secuestros era obra de bandas delictivas”, agrega.
En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo público un informe “que ponía de relieve el alarmante índice de desapariciones forzadas e impunidad en México”, cita AI.
También reseña que a fines de 2012 el estado de Nuevo León aprobó leyes que tipifican “como delito la desaparición forzada”, pero casi todos los demás estados y a nivel federal “no se penalizaban” conforme a las normas internacionales. “El nuevo Gobierno se comprometió a rectificar la esta situación”.
Además de alertar sobre los derechos de las víctimas de la violencia y de las poblaciones indígenas y los migrantes, AI denuncia que los periodistas siguieron sufriendo “agresiones” y “amenazas” a causa de su trabajo.
“Al menos seis periodistas fueron asesinados”, dice, y la Fiscalía especial creada para investigar delitos contra los informadores “no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados”.
Seguían pendientes muchas investigaciones sobre agresiones contra defensores de los derechos humanos, pero AI destaca que el Congreso aprobó una ley, promovida por la sociedad civil, para “la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores”.