OAXACA. El ayuntamiento de San Juan Mazatlán Mixe rechazó una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por violentar las garantías individuales del sacerdote y defensor de migrantes, Alejandro Solalinde Guerra.
Los hechos que dieron origen a la recomendación, recordó la DDHPO en un comunicado, ocurrieron el 30 de diciembre de 2011 cuando autoridades de la agencia municipal de Santiago Tutla, municipio de San Juan Mazatlán lo privaron de su libertad de manera ilegal.
El 18 de diciembre de 2012, la Defensoría determinó que el actuar de la autoridad municipal, apoyada por personas armadas, violó los derechos a la libertad, integridad y seguridad del director del albergue Hermanos en el Camino y de sus acompañantes, explicó.
Asimismo, los anfitriones de Solalinde en Tutla vieron violados sus derechos, toda vez que “recibieron actos intimidatorios de los servidores públicos municipales, haciéndolos declarar a favor de la autoridad bajo amenazas de muerte”.
Por este motivo, en su recomendación 12/2012 a la autoridad municipal, el organismo le indicó tomar las medidas necesarias para evitar que se suscitaran nuevos eventos como éste y se retirara el retén que existe en Santiago Tutla.
De igual forma, recomendó girar instrucciones para iniciar y concluir el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos violatorios, además de una disculpa pública a los agraviados.
No obstante, la autoridad municipal se negó a aceptar dicha recomendación y con ello resarcir los derechos humanos de los agraviados.
Por ello, “los quejosos podrían recurrir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) vía el recurso de impugnación, a efecto de que esta recomendación sea acatada”, estableció la DDHPO.