Las ocho personas procesadas por desfalco en la construcción de la Estela de Luz quedaron sujetas a proceso, luego que el Juzgado 14 de Distrito en materia Penal les dictó el auto de formal prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Sin embargo, debido a que el delito que se les imputa no es calificado como grave enfrentarán su proceso en libertad, informó el abogado Gabriel Regino García. Se prevé que, por el monto del desfalco, valuado en mil millones de pesos, la garantía que se imponga a cada uno será cercana a los 600 millones de pesos.
El litigante informó que esperan interponer un amparo en contra del auto de formal prisión, o también apelar la determinación del juzgador ante el Consejo de la Judicatura Federal, lo que se decidirá en los próximos días.
El litigante calificó a sus clientes como “chivos expiatorios” de un desvío de recursos valuado en mil millones de pesos, ya que no hay otras personas, ya sea empresarios o servidores públicos, investigados por los delitos de desvío de recursos o fraude.
Explicó que el juez en materia de amparo otorgó de forma definitiva la protección de la ley a sus clientes en contra de la orden de aprehensión; sin embargo, dicho amparo quedó sobreseído, luego que las personas quedaron formalmente sujetos a proceso, aunque en libertad, sin tener que pagar la fianza correspondiente.
Como parte del proceso, seguirán entregando pruebas para comprobar que los inculpados sólo formaron parte del Comité de Obra Pública, que lanzó la convocatoria para tres empresas, invitación restringida contemplada por el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y que, por lo tanto, no constituye un delito. Por todo lo anterior, se eligió a la empresa I.I.I Servicios, subsidiaria de Pemex.
El proyecto original de la Estela de Luz estaba cotizado en 398 millones de pesos, pero después de la excepción a la licitación el costo casi se triplicó. Tuvo un costo superior a los mil millones de pesos, motivo por el cual, la Procuraduría General de la República inculpó a los servidores públicos que formaron parte del Comité de Obra Pública, órgano descentralizado encargado de las festividades para el Bicentenario.
Los ahora procesados son Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial; Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de Construcción; Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico; Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de Concursos y Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas.
Además de José Carlos Olivares Correa, ex subgerente de Contabilidad y Presupuesto; Sergio Salas Arellano, ex coordinador de Mantenimiento Zona Centro, y Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de Evaluación, Estadística y Mejora.
En tanto, quedó en suspenso la situación jurídica de otros cuatros procesados, que no forman parte del grupo que decidió acudir voluntariamente el jueves pasado ante el Juez de Distrito, con sede en el Reclusorio Sur.