En su informe anual Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2012 la organización Amnistía Internacional (AI) contabilizó 112 países que torturan a sus ciudadanos, 101 reprimen el derecho de su ciudadanía a la libertad de expresión, 80 que los someten a juicios injustos y 57 que detuvieron a presos de conciencia. Pero el organismo detectó muchos más abusos en su investigación en 159 países.
En particular AI alerta contra la falta de medidas para proteger los derechos de refugiados e inmigrantes, pues muchos que abandonan sus países terminan siendo víctimas del trabajo forzoso y los abusos sexuales. Por ello, el mundo es un “lugar peligroso para millones de personas, pues a los gobiernos les interesa más proteger las fronteras nacionales que los derechos de sus ciudadanos o de quienes buscan refugio u oportunidades en nuevos países. Señala que la Unión Europea (UE) practica controles fronterizos que amenazan la vida de inmigrantes y solicitantes de asilo.
En América Latina, el informe reporta que persisten la impunidad, la violencia contra las mujeres, abusos en prisiones y por parte de fuerzas policíacas contra la ciudadanía, así como la impunidad por crímenes de guerra y represión a la oposición.
En África, los atropellos a los derechos humanos se vinculan a los conflictos bélicos, la restricción a la libertad de expresión y la persistencia de la pobreza en amplios sectores de la población. A esas violaciones se suman la impunidad y el excesivo uso de la fuerza.
En Asia las violaciones se traducen en la represión policiaca de protestas, prisión a activistas, represión por crímenes de guerra, explotación sexual y laboral con tolerancia de autoridades. En el caso de Afganistán, el informe de AI revela que la presencia de la fuerza multinacional liderada por EU recluyó en su base de Bagram a tres mil afganos.
Al organismo le preocupa que casi 3 años después del plazo que fijó el presidente Barack Obama para cerrar la prisión de Guantánamo, siguen recluidos 166 hombres, la mayoría sin cargos y sin juicios. También le preocupa que EU haya llevado a cabo en 2012 “homicidios selectivos” de presuntos terroristas en Pakistán, Somalia y Yemen con drones.
En los países de Oriente Medio, si bien lograron derrocar a dictadores, hay retos en materia de libertad de expresión. En todo caso, manifiesta el informe, “un futuro mejor y más justo es posible si los gobiernos respetan los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad”.
México: violencia extrema del crimen organizado
LONDRES. Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe de 2012 que las autoridades de México siguieron ignorando “indicios fehacientes” de “violaciones generalizadas” de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
Afirmó que “durante los seis años de (Felipe) Calderón en la Presidencia, más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas por la violencia asociada a las drogas”.
Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, agrega, “fueron responsables de la mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en connivencia con funcionarios públicos”.
Respecto a la administración de justicia, añade que el “sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias y 98% de los delitos quedaban impunes”. No obstante, la Suprema Corte de Justicia “dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar”.
Al referirse a la seguridad pública, AI dice que miembros de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales “fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “recibió mil 921 denuncias contra las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal”. Según el informe, “sólo ocho militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.”
Además, “se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, tortura y malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios”. La CNDH recibió mil 662 denuncias de este tipo durante el año.
Amnistía cita un informe de la Procuraduría General de la República que indicó que durante el gobierno anterior “se había tenido noticia de al menos 25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país”.
Además de alertar sobre los derechos de las víctimas de la violencia y de las poblaciones indígenas y los migrantes, AI denuncia que los periodistas siguieron sufriendo “agresiones” y “amenazas” a causa de su trabajo.
“Al menos seis periodistas fueron asesinados”, dice, y la Fiscalía especial creada para investigar delitos contra los informadores “no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados”. EFE